El juez de Garantías Penales Patricio Vidal dictó prisión preventiva contra Luis Enrique J. Z., Esteban Raúl S. M., Jorge Josué H. A. y Xavier V. R., exfuncionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, tras acoger el pedido de Fiscalía, en la audiencia de vinculación, la mañana de este lunes, en la Unidad Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil.
Fiscalía investiga a una presunta organización delictiva integrada por exdirectivos de esta entidad de salud, que habría ocasionado un perjuicio de 11’905.000 dólares, aproximadamente, en dieciocho órdenes de pagos por la compra de insumos médicos con presunto sobreprecio.
En la diligencia, el fiscal Nelson Macías Miranda presentó, como elementos de convicción: los informes investigativos de la Unidad de Inteligencia Antidelictiva (UIAD-G), los informes de contrataciones entre la entidad de salud y personas naturales y jurídicas, el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado –en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018– y los datos informativos de las noticias criminis, emitidas por algunos medios de comunicación.
También, las certificaciones obtenidas de solicitudes jurídicas derivadas por varias áreas de la entidad para la compra y adquisición de los insumos médicos, las órdenes de pago por la adquisición de estos y las versiones de los procesados.
El juez Vidal, además, dispuso de treinta días más (a los noventa ya dispuestos) para el cierre de la instrucción fiscal, que inició el pasado 5 de junio de 2020.
En esta fecha, cinco personas fueron procesadas luego de que fueran detenidas en operativos ejecutados en los sectores de La Garzota, Puerto Santa Ana y Vernaza Norte, en Guayaquil; y, urbanizaciones privadas en las vías a Daule, Samborondón y Salinas, encontrándose entre ellos, exfuncionarios de la casa de salud y representantes de casas comerciales dedicadas a esta actividad.
En esa diligencia se les dictó prisión preventiva a José B. P., Hugo V. F. y Francisco S. J., mientras que para Jeanneth P. O. y Jorge C. B. se dispuso arresto domiciliario, ya que sus abogados presentaron certificados médicos, por Covid-19, hipertensión arterial y por pertenecer a un grupo vulnerable.
Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.