La Fiscalía formuló cargos contra cinco funcionarios de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), por su presunta participación en el delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya sanción es de diez a trece años de privación de la libertad.
Durante la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía solicitó al Juez, de forma motivada, que dicte prisión preventiva en contra de tres de los procesados, por su participación directa en el contrato para comprar insumos de bioseguridad, con presunto sobreprecio: Guido A., gerente general de la empresa municipal; Óscar M., administrador del contrato de emergencia; y, Astrid A., del departamento de Salud Ocupacional y generadora de la necesidad de dicho contrato; mientras que para Juan A. y Adrián A. solicitó medidas sustitutivas debido a que las investigaciones preliminares no los señalan como responsables directos de esta operación.
Los cinco fueron detenidos la madrugada de este miércoles, durante la ejecución de varios allanamientos en Quito, por parte de la fuerza de tarea multidisciplinaria conformada por la FGE, con el apoyo de grupos especializados de la Policía Nacional.
Una persona más fue retenida y su versión aportará en el proceso investigativo.
El operativo se implementó como parte de una investigación por un supuesto delito de peculado en la adquisición de insumos de bioseguridad por parte de la Epmaps, en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19.
Durante la audiencia, el equipo de la Fiscalía N°3 de la Unidad de Transparencia presentó como principales elementos de convicción: el contrato adjudicado a la empresa Silverti, información registrada en la Superintendencia de Compañías, respecto a las empresas invitadas por la Epmaps para presentar sus ofertas (Silverti, Bioim y Hospilym); el informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), el informe ejecutivo del Servicio de Rentas Internas (SRI), el informe del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), el documento de transferencia por 83.000 dólares como anticipo a la empresa Silverti, a través del Banco Central; entre otros.
La Epmaps no llegó a pagar la diferencia del contrato, que ascendía a más de 179.000 dólares, debido a que Fiscalía allanó, el pasado 4 de mayo, el Hospital de los Ceibos y las operaciones de la empresa en mención fueron de conocimiento público.
Funcionarios que intervinieron en el contrato intentaron regularizar los procesos y finiquitaron el contrato unilateralmente, pero el pago del anticipo ya se había efectuado, por lo que, para Fiscalía, esto determinaría la existencia del delito de peculado en esta acción.
Las investigaciones también determinaron que entre los representantes legales de las empresas ofertantes había vínculos familiares.