Pese a la fundamentación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) en su pedido de prisión preventiva, la jueza Julia Leiva dictó medidas alternativas contra seis procesados, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Ellos deberán presentarse periódicamente ante la autoridad y usar dispositivo de vigilancia.
La Magistrada, además, señaló el inicio de la instrucción fiscal de noventa días, tiempo en el cual se profundizará la investigación, que inició en enero de 2020.
Los procesados fueron detenidos en un operativo liderado por Fiscalía, con apoyo de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de Santo Domingo de los Tsáchilas, de la Policía Nacional, en el que se ejecutaron ocho allanamientos en esa ciudad, uno en La Concordia y uno en Quinindé.
Según la investigación de Fiscalía, ellos serían integrantes de una presunta organización delictiva que se dedicaba al asalto y robo en los ejes viales de las provincias de Los Ríos, Manabí, Esmeraldas y Pichincha.
En los allanamientos también se incautaron cuatro vehículos, seis terminales móviles, 6.400 dólares en efectivo, un generador eléctrico, herramientas, cartones de mercadería, entre otros.
En la audiencia de formulación de cargos fueron presentados, como elementos para fundamentar la acusación, el acta de levantamiento de evidencias, el informe de resultados de las vigilancias y seguimientos, informe de relación de llamadas, análisis telefónico y ruta técnica en relación a los hechos.
Además, se incluyeron informes de jerarquización, de audio y vídeo, de extracción de imágenes de cámaras de seguridad y el de comunicaciones interceptadas, que cuentan con la respectiva autorización legal.
El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años.