Quevedo. “Ya ni me asombra salir al centro de Quevedo y ver cables arrancados colgados de los postes o en medio de las calles y aceras”, detalla Rosita Franco.
Y es que efectivamente, en las diferentes calles de la conocida ‘Ciudad del Río’ se puede ver cables colgandos o atados en los mismos postes.
Esto debido a que se encuentran muy bajos y al pasar los vehículos pesados no tienen otra opción que irlos arrancando.
“Esto sucede con frecuencia en la ciudad”, detalla Juan Manuel Andrade quien cuida motos en las principales calles de la urbe y es uno de los que anda recogiendo los cables y atandolos en los postes.
La semana pasada un vehículo arrancó los cables que cuelgan de uno de los postes ubicados en la calle Quinta y Bolívar.
Allí tuvo que intervenir el personal de Quevial, a través de sus agentes de tránsito, debido a que varias personas terminaron cayéndose al enrededarse en ellos.
“Ya reportamos lo sucedido a la empresa de telefonía responsable, pero nadie se ha hecho presente”, explicó uno de los agentes a Diario ALDIA.
Este problema es uno de los males que afecta a la ciudad por eso motivo desde noviembre del año 2017 se hablaba de soterrar los cables y hacer una supuesta regeneración urbana valorados en 3’100.000 dólares.
Sin embargo, esto no se cristalizó y hasta la fecha el tema del soterramiento en Quevedo está en pausa y es investigado por parte de la Contraloría General del Estado por presuntas irregularidades vinculado a peculado.
Detalles de Contraloría sobre el soterramiento
- El soterramiento de la calle 7 de Octubre fue suscrito el 26 de diciembre de 2018 con un plazo de 120 días, en la administración del exalcalde Jorge Dominguez.
- La Contraloría determinó que el Alcalde de la época adjudicó el contrato sin contar con los estudios completos y la aprobación de los estudios eléctricos por parte de CNEL, tampoco vializó la contratación de un fiscalizador.
- Los transformadores y gabinetes comprados no eran los requeridos para la ejecución del contrato que se había suscrito para esa obra, por lo que el contratista realizó la planilla sin aprobación del fiscalizador que no se había contratado.