Los Ríos. La directora provincial del Consejo de la Judicatura de Los Ríos, Erika Alvarado Barragán, informó esta tarde, 26 de marzo de 2025, sobre la destitución de, hasta ahora, nueve funcionarios del sistema judicial de la provincia de Los Ríos: siete jueces, dos secretarios judiciales y un fiscal. Sin embargo, no mencionó a qué unidades judiciales pertenecían.
“Se han sustanciado varios sumarios, que han conllevado a que el pleno del Consejo de la Judicatura destituya hasta la actualidad a nueve servidores judiciales y así también imponerles la sanción a cuatro de suspensión…. La destitución conlleva que usted ya no forma parte de la función judicial o de la Fiscalía General, y a su vez, ya no pueda volver a trabajar para la función judicial nunca más. Y una vez que el pleno se pronuncia, esto no es susceptible de apelación”, explicó la directora.
De acuerdo con Alvarado, los jueces destituidos lo fueron porque “responden a declaratorias de errores inexcusables y manifiesta negligencia, dentro de este ámbito administrativo”.
“Tenemos nuestras sanciones administrativas, pero las únicas personas que tienen la capacidad de observar el comportamiento y de sancionar las decisiones de los jueces son los mismos jueces, pero de distinto nivel”, manifestó. Además, indicó que todos estos sumarios corresponden a declaratorias emitidas por los órganos máximos de justicia del Ecuador, como la Corte Nacional y la Corte Constitucional.
La directora mencionó también el caso de la unidad judicial de Puebloviejo, donde los equipos no recibieron el mantenimiento necesario y una de las baterías que proveía energía se sopló. Los problemas de mantenimiento, según Alvarado, fueron causados por la falta de presupuesto, ya que “en algún momento el Consejo de la Judicatura de Los Ríos dejó perder un millón de dólares, lo que también afectó a otras provincias que sí cumplían y ejecutaban sus presupuestos a tiempo”. Reveló, además, que en esa unidad trabajaba uno de los jueces destituidos.
Frente a esta situación, la directora motivó a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción que conlleven a una investigación, a través del canal 1-800 Transparencia, de forma anónima.
También lamentó que en la mayoría de las funciones e instituciones del Estado, la corrupción sea la normaidad, y luchar contra este «cáncer» no sea fácil. “Desde el día 1fui consciente de que tener esta postura traería consecuencias, porque poner las cosas en orden no les agrada”, expresó.
A pesar de todo, reafirmó que todavía hay buenos funcionarios que cuentan con el respaldo de la institución y que “existen corazones nobles y camisetas comprometidas con brindar un servicio judicial ágil y eficiente”, manifestó.