Durante casi ocho horas, entre la noche del domingo 27 y la madrugada del lunes 28 de abril de 2025, se llevó a cabo una segunda reconstrucción de los hechos en el caso de Las Malvinas de Guayaquil, referente a la presunta desaparición forzada y el asesinato de cuatro menores de edad en diciembre de 2024.
La diligencia, desarrollada en tres puntos clave: Durán, el peaje de la vía Durán-Tambo y un sector rural de Taura (Naranjal, Guayas), arrojó nuevas versiones que profundizan la implicación de los 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) procesados en esta causa.
Cuatro de los militares imputados ofrecieron detalles sobre las múltiples agresiones que sufrieron los cuatro niños antes de su muerte. Los cuerpos calcinados de Steven Medina, de 11 años, Josué Arroyo, de 14, y los hermanos Saúl e Ismael Arroyo, ambos de 15 años y originarios de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, fueron encontrados en una zona agreste de Taura el 24 de diciembre de 2024.
La nueva diligencia reveló que los menores soportaron correazos, patadas, golpes, puñetazos, pisotones, la aplicación de llaves de lucha y la detonación de un disparo a corta distancia. La primera reconstrucción de los hechos se había realizado el 16 y 17 de marzo.
Los cuatro menores fueron aprehendidos por los 16 militares de la FAE en la avenida 26 de Julio y Ernesto Albán, al sur de Guayaquil, la noche del domingo 8 de diciembre de 2024.
Testimonio
En el transcurso del procedimiento, uno de los militares imputados, acogido a un mecanismo de cooperación eficaz, señaló directamente a un suboficial (un cabo) como responsable de lanzar de cabeza a dos de los adolescentes desde la parte trasera de una camioneta, causándole una herida en la cabeza a uno de ellos.
Según su testimonio, el grupo de militares se desplazaba en dos vehículos. La camioneta identificada como «B» se detuvo en un área de servicio junto al peaje. Allí, el suboficial habría bajado violentamente a los jóvenes, insultándolos, golpeándolos en la cabeza y el pecho, para luego arrojarlos nuevamente a la parte trasera del vehículo. “El cabo los bajó uno por uno, los tiró de la camioneta y a uno le partió la cabeza. Los insultó, los puso de rodillas y los empezó a golpear”, relató el militar.
La escenificación ante peritos de Criminalística, agentes de Fiscalía y abogados de las partes procesales detalló la brutalidad con la que los menores fueron tratados tras su captura.
Se representó la forma en que las víctimas fueron lanzadas cabeza abajo, cómo quedaron tendidas en el suelo y cómo el suboficial los golpeaba a puños en la cabeza y el pecho, aparentemente intentando obtener una confesión sobre presuntas actividades delictivas.
Posteriormente, el suboficial los tomó de la espalda y los arrojó de vuelta a la camioneta. “Uno de ellos se golpeó la cabeza. Tenía partida la cabeza”, insistió el militar.
Relato
Posteriormente, la caravana de reconstrucción se trasladó a las afueras de Taura, a un camino rural sin asfaltar, donde los cuatro militares imputados indicaron el lugar donde, según afirman, fueron presuntamente abandonados los cuatro chicos sin ropa, en plena noche.
En el sitio, peritos localizaron prendas de vestir, incluyendo una pantaloneta azul, y restos de ropa vieja o aparentemente quemada, presuntamente pertenecientes a las víctimas.
Los involucrados relataron que «liberaron» a las víctimas desnudas y golpeadas, pero con vida.
Un segundo implicado, vestido de naranja, testificó que durante el presunto abandono de los chicos en Taura, un oficial (un subteniente) disparó al suelo a escasos centímetros del niño de 11 años (aproximadamente a 50 centímetros), como acto de intimidación.
“El teniente le pegó en la espalda al más pequeño con una correa. Mientras el cabo le hacía una llave de lucha al mayor de los chicos, lo estaba alzando por la espalda y se cayeron. Como lo hace caer, el cabo le empieza a pegarle patadas”, añadió.
También relató cómo supuestamente el subteniente comenzó a pisar a los menores en el suelo, mientras encendía el flash de su celular y comenzaba a grabar brevemente. El oficial les ordenó a los niños desnudarse y arrojó la ropa unos tres metros abajo, al pie de un muro.
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Participación
La reconstrucción también permitió detallar el operativo liderado tres días después de la desaparición de los menores por el teniente coronel Juan Francisco I. M., vinculado al caso como cómplice el pasado 11 de abril.
Según la investigación, el teniente coronel lideró un operativo que recuperó ropa de los menores, prendas entregadas a la Unidad Antiextorsión UNASE en un procedimiento que no cumplió con la cadena de custodia y del cual no se informó a la Fiscalía ni a la Policía.
A diferencia de los otros 16 procesados, quienes se encuentran en prisión preventiva, el coronel enfrenta el proceso en libertad.
La instrucción fiscal del caso, por el presunto delito de desaparición forzada, concluirá el próximo miércoles 30 de abril.
La Fiscalía tiene previsto solicitar la convocatoria a audiencia preparatoria de juicio una vez finalizado el plazo de investigación.
El juez del caso deberá determinar si valida el mecanismo de colaboración eficaz de los cuatro militares que ampliaron la versión de los hechos.
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Implicaciones
Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, quien representa a la familia de las víctimas, señaló que los múltiples golpes que sufrieron los niños podrían constituir actos de tortura.
La prenda de vestir hallada en el sector rural de Taura será sometida a un peritaje para que los padres de las víctimas puedan reconocer si pertenece a alguno de los menores.
En cuanto a la colaboración de cuatro de los implicados a pocos días del cierre de la investigación, Aguirre sugiere que podría tratarse de un intento por atenuar sus futuras penas, considerando que el delito de desaparición forzada contempla sanciones de entre 22 y 25 años de prisión, que podrían agravarse hasta 35 años debido a la edad de las víctimas y el abuso de la posición de los victimarios.