Las autoridades cesadas por el Consejo de Participación o destituidas por la Asamblea Nacional, y quienes fueron designados por los anteriores Consejos de Participación como titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) no podrán postular en este proceso. Así lo determina el Mandato aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), este 27 de noviembre.
El Mandato para el Concurso Público de Méritos y Oposición para la Designación de la Primera Autoridad de la Fiscalía, establece que este proceso se realizará a través de una Comisión Técnica Ciudadana de Selección que estará integrada por cinco personas: un veedor, dos comisionados, y dos delegados del Pleno. Esta Comisión, entre otras actividades, verificará la información proporcionada por las y los postulantes y el cumplimiento de los requisitos e inhabilidades.
Los requisitos establecidos para postular a la primera autoridad de la FGE son: ser ecuatoriana o ecuatoriano, estar en goce de los derechos políticos, tener título de tercer nivel en derecho, y haber ejercido con idoneidad y probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura, o la docencia universitaria en materia penal por un lapso mínimo de 10 años.
El puntaje de valoración del concurso de méritos y oposición será sobre 100 puntos (50 puntos méritos y 50 puntos oposición). Los méritos tendrán los siguientes parámetros: formación profesional (hasta con 22.5 puntos); experiencia profesional (hasta con 22.5 puntos); y producción académica (hasta 5 puntos). La fase de oposición se sustanciará a través de una audiencia (valorada hasta por 30 puntos), y el examen escrito (valorado hasta por 20 puntos).
Entre las prohibiciones, el Mandato establece que no podrán postular quienes tengan contratos con el Estado, mantengan obligaciones pendientes con el Servicio de Rentas Internas (SRI), quienes posean bienes o capitales en paraísos fiscales, entre otros.
Este concurso contará con la fase para la impugnación, en la que la ciudadanía podrá impugnar a los postulantes que incurran en falta de cumplimiento de requisitos, falta de probidad o idoneidad, a quienes estén incursos en alguna de las prohibiciones o hayan omitido o alterado información relevante para postular al cargo.
Una vez concluida la fase de impugnación ciudadana, el Pleno del CPCCS-T emitirá la resolución que designe a la máxima autoridad de la FGE en función del postulante mejor puntuado.