Como parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cambio de una línea de crédito por 4.209 millones en los próximos tres años, el Gobierno debe reducir la masa salarial en 1.000 millones de dólares hasta 2021.
Ayer, Richard Martínez, ministro de Economía, durante una comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, anunció que la mitad de esa meta de reducción se cumplirá este año. O sea, hasta diciembre de 2019 se deberá bajar el gasto en sueldos públicos en un total de 500 millones de dólares.
“Tenemos que priorizar los gastos y restituir los equilibrios fiscales para dar sostenibilidad a largo plazo a los programas de los más pobres. No se puede establecer cuál será el número total de funcionarios que salgan. Eso se irá evaluando”, dijo.
Acotó que este objetivo representa un aumento de 150 millones de dólares en el ahorro ya establecido, por 350 millones de dólares, en la Pro forma presupuestaria. “En términos aproximados, la reducción total representaría el 5% de la burocracia estatal dentro del Sector Público no Financiero, que incluye no solo la Función Ejecutiva, sino también empresas públicas y gobiernos locales”, añadió.
Desvinculaciones
Según Andrés Madero, ministro de Trabajo, entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 ya salieron del sector público 11.820 funcionarios, con contratos ocasionales y nombramientos provisionales.
Roberto Romero, economista y experto en temas laborales, comentó que el número total de funcionarios desvinculados, entre contratos ocasionales, jubilaciones y optimización de funciones, estaría en alrededor de 35.000 personas hasta fin de año.
Para 2020 y 2021, el recorte en el gasto de sueldos sería de 250 millones más en cada uno de esos periodos. Con eso se cumpliría con la meta establecida con los multilaterales, que en total desembolsarán 10.270 millones en los próximos tres años.
“No basta con que el acuerdo haya sido logrado con los multilaterales, sino como lo implementamos”, subrayó Martínez.
Objetivos
Por esto, uno de los objetivos de la reducción del gasto total del Gobierno es volver al 40% de deuda pública, como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), hasta 2022.
Así, la deuda, sin tomar en cuenta más de 10.000 millones en pasivos contingentes, llegará al 49,2% en 2019; pero en 2020 será de 46,8%; 45% en 2021 y 40% en 2022.
Esto se lograría con un superávit global del 3% a partir de 2021, gracias a la disminución de gastos y el aumento de 1,5% en los ingresos tributarios.
