El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la sanción en contra de los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, José Cabrera, y Esthela Acero, quienes fueron multados con $ 7.880 cada uno.
La tarde de este lunes, los cinco jueces electorales se reunieron en sesión extraordinaria para conocer la apelación que presentaron los tres vocales a la sanción que determinó en primera instancia el juez Ángel Torres, al acoger un acción de queja que planteó la excandidata a alcaldesa de Mocache (Los Ríos), Yenny Domínguez.
La jueza ponente Patricia Guaicha elaboró el proyecto de sentencia, y la decisión por mayoría de sus cinco jueces había sido ratificada. (En lugar de Torres, se principalizó al juez suplente Wilson Ortega).
El TCE es la última instancia en conocer este tipo de infracciones electorales. De esta forma los tres consejeros deberán cancelar $ 7.880 en los próximos 30 días a una cuenta del CNE.
Domínguez planteó la queja porque el 9 de abril del 2019, después de los comicios seccionales del 24 de marzo, el CNE sesionó para tratar una impugnación planteada por el directivo del PSC, Pascual del Cioppo, en contra de la reinstalación de una sesión de la junta Provincial de Los Ríos, el 5 de abril.
La actuación de esa Junta había provocado que los resultados del reconteo de votos afecten la candidatura de María Cristina Holguín, candidata a la alcaldía de Mocache por el PSC, que dejó de aparecer como electa; y al contrario, ascendió en la votación Yenny Domínguez, postulante de AP.
Con los votos afirmativos de José Cabrera, Esthela Acero, y de la presidenta Diana Atamaint; y en contra de Luis Verdesoto y el vicepresidente Enrique Pita, se concluyó que lo actuado por la Junta -bajo la presidencia de Patricio Márquez- fue «inconstitucional, ilegal y violatorio de derechos constitucionales».
Como efecto, se declaró válido únicamente lo actuado desde el 24 de marzo hasta al 2 de abril, con Luis Páez como presidente de esta JPE. Él fue cesado en sus funciones el 3 de abril, porque había cerrado el escrutinio de actas sin atender las reclamaciones de los candidatos.
Además se dispuso al personal del CNE que se elimine del Sistema de Procesamiento y Transmisión de Resultados (STPR) «todas las actas procesadas» después del 5 de abril.
Luego, el 6 de mayo el TCE dispuso que se reinstale la sesión permanente de escrutinios que fue suspendida el 2 de abril por Luis Páez, para que se resuelvan las reclamaciones presentadas por las organizaciones políticas.
Yenny Domínguez había pedido la destitución de los tres consejeros, pues ellos votaron a favor de esa resolución. El TCE ya había llamado la atención al CNE por esta resolución. Y en la nueva sentencia de Torres se esgrimió que el Consejo “destituye a Páez, pero ratificó su arbitraria decisión en lugar de adoptar correctivos y cuyo efecto posterior fue el retraso en el inicio de las funciones” de las autoridades electas en Los Ríos, ya que tomaron posesión en sus cargos en junio pasado, pese a que el calendario electoral fijaba como fecha límite su posesión el 14 de mayo. (I) El Universo