La exsecretaria-asistente de Rafael Correa, Francois Villalba, acudió a la Fiscalía General del Estado para ampliar su versión dentro del caso Sobornos 2012-2016. La mañana de este miércoles 11 de septiembre de 2019 también estuvo convocado el empresario Ernesto Guerrero Ullauri, quien no se presentó a la diligencia. Villalba estuvo acompañada de su abogado Gabriel Rivera. Luego de la diligencia, programada a las 11:00, el defensor puntualizó que la ampliación de versión tuvo que ver con el Fondo de Solidaridad de la Presidencia, que funcionaba a través de aportes voluntarios.
“Este fondo era voluntario y en el que incluso hubo aportes del propio presidente Correa. Tanto es así que Francois Villalba ha comparecido con los recibos con los que se demuestra que ese préstamo fue cancelado. Además, con los cheques con los que aportaba el presidente Correa a ese fondo”, dijo Rivera. También ratificó que el fondo servía para ayudar “solidariamente a las personas que lo requerían y que no podían esperar por ayuda”.
La ampliación de la versión se dio luego de que Laura Terán, una de las implicadas en el caso, haya señalado el 1 de septiembre, que cuando trabajó en la Presidencia creó un archivo con el nombre Fondo de Solidaridad (FS). Este sirvió para revisar el esquema de aportaciones. Luego se crearon tres archivos más de las campañas seccionales. Para Rivera, los testimonios de Terán y de Pamela Martínez, exasesora presidencial, carecen de veracidad “porque tienen contradicciones” y no se sometieron a las preguntas del resto de abogados de los procesados.
Por su parte, el 3 de septiembre, Martínez señaló que también se depositó dinero, por pedido de Francois Villalba, a las cuentas del exmandatario. Sin embargo, ella no habló de un fondo de solidaridad, sino de un dinero remanente de los aportes que entregaron empresas para la campaña política de Alianza País, para las elecciones del 2013. Rivera dijo que el exjefe de Estado devolvió el préstamo que se hizo del fondo de solidaridad, sin ningún ánimo de quedarse con dineros públicos o privados.
La ampliación de la versión se dio a pedido de la defensa del expresidente y no de la Fiscalía. A la Fiscalía llegaron también abogados de los procesados luego de conocer el cierre de la etapa de investigación. Diego Correa, defensor de María de los Ángeles Duarte, dijo que la instrucción debería haberse cerrado el 2 de septiembre y no después, como ocurrió.
Para él, esto podría generar reclamos por no respetarse la seguridad jurídica. El problema de no conocer el límite para la finalización de la instrucción fiscal se dio, según él, cuando se solicitó la acumulación de dos procesos. “No se debió abrir otro proceso para luego, el 9 de julio reformular cargos por el primer delito” del que fueron acusadas Laura Terán y Pamela Martínez.
El Comercio