Christian O. y Washington S. fueron sentenciados a la pena máxima acumulada y agravada de cuarenta años de pena privativa de libertad, como autores de violación y secuestro extorsivo, en concurso real de infracciones. La reparación integral se determinó en 2.000 dólares y la multa en 800 salarios básicos unificados.
Pese a que la Ley no obliga a la víctima a presentarse en la audiencia de juicio, para evitar la revictimización en casos de violencia de género, ella quiso ser escuchada por el Tribunal Penal y acudió a rendir su testimonio “para que ninguna otra mujer pase por lo que yo sufrí”, dijo la joven venezolana de 22 años.
Con la guía de Alejandra Sigcha Orrico, fiscal especializada en investigar casos de violencia de género, la víctima –entre lágrimas– relató ante las juezas los delitos que perpetraron los dos agresores, ahora sentenciados.
El 12 de agosto de 2019, Christian O. contrató los servicios de la joven extranjera como dama de compañía y concertaron una cita. Llegó al lugar fue a bordo de un taxi conducido por Washington S.
Después de dar varias vueltas por el norte de Quito, en el interior del vehículo, Christian O. la amenazó con un cuchillo y, junto con el conductor, la obligaron a que se contacte con algún conocido para pedirle un depósito de 200 dólares como recompensa.
Al ver que no se concretaba el pedido, Christian apuñaló tres veces a la víctima en sus piernas, mientras Washington filmaba y enviaba los vídeos al novio de la mujer para presionarlo a transferir el dinero a cambio de su liberación. Mientras esperaban la transferencia, los dos la violaron.
El novio llamó al Ecu 9-1-1, desde donde se alertó a la Unase. Los agentes ubicaron el teléfono celular y aprehendieron a Washington Andrés S. G. (de 29 años de edad) y le incautaron el móvil.
En la extracción de la información de dicho celular se encontraron “varias fotos de mujeres que prestaban sus servicios sexuales y se evidenció que utilizaban esta forma de operar con varias ciudadanas extranjeras que, por temor, no los habrían denunciado”, manifestó la fiscal Alejandra Sigcha.
Christian Roberto O. C. (19 años) escapó ese día, pero su orden de detención fue ejecutada el 5 de mayo de 2020, en Cotocollao, norte de Quito. Lo encontraron en una clínica de desintoxicación para personas con adicción a las drogas, presuntamente clandestino, donde estaba internado.
“Ofrezco mis servicios a través de internet, como dama de compañía. Mantengo a mis dos hijos pequeños y a mi familia en Venezuela. Desde lo que me hicieron –más de tres meses – no he podido trabajar, porque tengo miedo”, dijo la víctima.
Así lo corroboró el experto psicólogo ante las juezas, al indicar en su informe que la joven padece de estrés postraumático, pánico y cuadro de ansiedad fóbica, por lo que el Tribunal, en la sentencia, también ordenó al sistema de salud pública que le entregue tratamiento psicológico, además del comiso del vehículo en el que fue agredida por los ahora sentenciados. También se consideró que es una víctima doblemente vulnerable por su condición de extranjera e indocumentada.
Junto con el testimonio presencial de la mujer y del testigo perito en psicología, la fiscal Alejandra Sigcha expuso otras veinte pruebas testimoniales, periciales y documentales. El juzgamiento se desarrolló ante el Tribunal de Garantías Penales, en el Complejo Judicial Norte, en Quito, el 2 de julio de 2020.