Ante la Comisión Especializada para el Tratamiento de Enmiendas y Reformas Constitucionales, de la Asamblea Nacional, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, compareció para presentar las apreciaciones institucionales y argumentos sobre la necesidad de una verdadera autonomía e independencia de la Fiscalía, para lo cual se requieren cambios en la Carta Magna.
Al inicio de su intervención, la titular de la Institución fue enfática en resaltar que hablaba en nombre de los funcionarios de Fiscalía y no como autoridad de la misma, “porque ellos, los servidores, son los que llevan adelante los procesos y son los que se mantienen firmes en el trabajo. Las autoridades estamos de paso”.
Enseguida agregó que la Constitución señala que la Fiscalía, junto con otras entidades, forma parte de los órganos encargados de la administración de justicia y –según la Ley– su función es autónoma; sin embargo, se presenta una dicotomía entre el inciso tercero del artículo 178, y en los numerales 1, 3, 6, y 14 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, lo que ha limitado el ejercicio pleno de la autonomía.
La fiscal Diana Salazar explicó a los asambleístas que existen tres modelos de fiscalías a escala internacional y que la elección de uno de ellos depende de las características institucionales de cada país. No obstante, establecer un modelo con absoluta autonomía “es clave en las instituciones de procuración de justicia para investigar y perseguir hechos delictivos con objetividad”, dijo.
Agregó que esa postura es compartida con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, “dado que la independencia de la justicia es considerada como un derecho humano de los ciudadanos (…) Además, la falta de una real autonomía ha provocado una serie de problemas institucionales, desde la ejecución presupuestaria hasta la de un adecuado manejo de su talento humano”.
“La autonomía es clave para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, para respetar los derechos del imputado, investigado o procesado y, sobre todo, para garantizar el cumplimiento del deber de investigar, que los casos sean judicializados y sancionados. La autonomía de los fiscales y de las fiscalías se traduce en la tutela judicial efectiva y en el acceso a una justicia independiente”, añadió.
No obstante, la máxima autoridad de la FGE fue enfática al señalar que los limitantes presupuestarios, la falta de fiscales y el hecho de no tener plena autonomía, “no significan que nosotros no cumplamos nuestro trabajo. Le he dicho a mi equipo, los funcionarios sabemos que debemos hacer todo lo que debemos hacer con lo que tenemos y tenemos que hacerlo bien”.
Luego de su exposición, resolvió dudas presentadas por varios asambleístas sobre los alcances de las propuestas de reformas a la Constitución.
Concluyó su intervención reiterando su pedido de clarificar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, porque ello repercute en beneficio directo de la ciudadanía.