En operativo coordinado entre Fiscalía y Policía Nacional, la noche del sábado 18 de julio, Cristhian Bolívar M. A. fue detenido. En sus teléfonos celulares y computadores personales se encontró material audiovisual y grabaciones con contenido sexual que involucra a niños, niñas y adolescentes.
En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos, en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, Pedro Intriago Leones, solicitó prisión preventiva contra el ciudadano, con la presentación de elementos de convicción como los informes y reportes de la Unidad de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), el acta de evidencias –entre las que se cuentan celulares, dispositivos electrónicos digitales de almacenamiento de datos, entre otros, que se encuentran en cadena de custodia– el parte de aprehensión y la versión de la madre de los menores afectados.
El juez de Garantías Penales, Aquiles Dávila, acogió lo solicitado por Fiscalía y dicto prisión preventiva contra Cristhian Bolívar M. A. La instrucción fiscal durará noventa días.
Fiscalía inició una investigación en octubre de 2017, tras la denuncia de la madre de dos menores presuntamente afectados, en la que detallaba que las víctimas fueron fotografiadas y filmadas desnudas. Incluso, una de ellas habría sido abusada por el ahora procesado. Toda esta evidencia fue incautada en los operativos ejecutados por la Fiscalía.
Según el fiscal Pedro Intriago, el victimario procedía –con engaños– a invitar a los menores de 8 y 10 años a practicar deportes, ganándose la confianza de la progenitora, para después llevarlos individualmente y perpetrar los delitos.
Los menores no contaban nada, ya que eran intimidados y amenazados de muerte por el ahora procesado.
En el allanamiento ejecutado al domicilio del procesado, ubicado en el sector de La Nueva Modelo, Fiscalía incautó tres teléfonos celulares, varios dispositivos electrónicos, computadoras personales, entre otros, que serán analizados para extraer la información. Se presume que existen más menores agredidos.
Todo el material audiovisual sería de propiedad del detenido, sin que hasta el momento se pueda determinar –ya que la investigación continúa– si vendió o distribuyó fotos o videos a terceras personas.
Fiscalía inició este proceso penal por el delito de pornografía infantil con utilización de niños, niñas o adolescentes, tipificado en el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece una pena privativa de libertad de trece a dieciséis años, a la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos o de cualquier otro soporte que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actividad sexual.