Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) realizarán el control de armas -en el primer filtro de ingreso- a los centros de privación de libertad; mientras que la Policía Nacional reforzará el control interno e intervendrá de modo urgente a incidentes flagrantes que ocurran en los centros penitenciarios del país. Estas dos acciones se ejecutarán durante el Estado de Excepción, que será oficializado en las próximas horas a través del Decreto Ejecutivo correspondiente y tendrá una vigencia de 60 días, para reestablecer la convivencia pacífica en las cárceles.
Así lo informó la secretaria Jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, en rueda de prensa emitida posterior al anuncio presidencial dado la tarde de hoy. El presidente Lenín Moreno a través de su cuenta en Twitter declaró el Estado de Excepción en las cárceles del país: “Frente a los graves hechos, dispuse la declaratoria de Estado de Excepción en las cárceles del país para que las Fuerzas Armadas se sumen al control de las mafias que están creando caos en los centros penitenciarios. ¡Seguimos luchando contra el crimen en todos los frentes!”, expresó.
Además, al interior de los centros penitenciarios se suspenderá: el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de correspondencia, en específico bajo los parámetros de proporcionalidad y necesidad sobre todo acceso a misivas, cartas, comunicados; el derecho a libertad de asociación y reunión en zonas en la circunscripción de la infraestructura carcelaria y zonas aledañas. Y también se realizarán las requisiciones necesarias para mantener la seguridad interna.
Pesántez señaló que estas disposiciones se tomarán en todos los centros penitenciarios, sin exclusión alguna: “Sobre todo por los hechos de violencia que se produjeron en el interior de las cárceles, afectando la integridad y vida de los privados de liberad (PPL). Buscamos precautelar sus derechos como grupo de atención y reestablecer la convivencia pacífica”, dijo. También especificó que será el Ministerio de Economía y Finanzas el encargado de asignar oportunamente los recursos para atender el Estado de Excepción y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) quien operativice este presupuesto, priorizando aquellos gastos que sean necesarios y urgentes.
El director general de esta entidad, general Edmundo Moncayo, reafirmó la necesidad de fortalecer los controles de seguridad al interior de los centros penitenciarios: “Vamos a esforzarnos para mantener la seguridad de los centros de privación de la libertad con el apoyo de la Policía Nacional y FF.AA.; ellos son esenciales. Vamos a transmitir las acciones pertinentes para establecer la calma y tranquilidad”, dijo. También resaltó que recibieron una herencia y estructura de violencia en las cárceles, que el actual Gobierno enfrenta con rigor y acciones. Indicó que se ejecutarán otras estrategias para los grupos que no quieren rehabilitarse, para ello se han mantenido reuniones con la Policía Nacional para establecer un plan de trabajo; detalló que se tienen identificadas a las personas que serán aisladas bajo un régimen especial.
Además, informó que, en la riña sucedida hoy en horas de la tarde en Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Sierra Centro Norte, se identificaron a cinco personas que pertenecen al grupo “Vatos Locos” y que ocasionaron el incidente.
Patricio Carillo, Comandante General de la Policía Nacional, sostuvo que se continuará con el trabajo articulado para contener los hechos de violencia. Por eso, incrementarán el talento humano de unidades especiales en los pabellones donde se encuentran personas privadas de la libertad de difícil adaptación. Además, fortalecerán las requisas y simulacros con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Penitenciario. Por su parte, el Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Luis Lara, resaltó que la participación de la entidad ayudará a prevenir el ingreso de armas, municiones o explosivos a las cárceles del país; además, realizarán el control de las vías de acceso a los centros de rehabilitación y darán seguridad perimetral.
El Gobierno Nacional fortalece el trabajo articulado de las instituciones de control para reestablecer la convivencia pacífica en los centros de privación de libertad del país, garantizando el cumplimiento de los derechos humanos.