El Comité también solicitará información al sistema de justicia para conocer el estado de las investigaciones sobre los ataques y otros actos de violencia e intimidación contra periodistas y medios de comunicación, que ocurrieron en octubre de 2019, cuando el país enfrentaba una crisis política y de seguridad.
En apego a estándares internacionales, como a la Constitución y la normativa en la materia, el Gobierno Nacional reitera que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión; y, a partir de esta premisa, se establece que la protección a los trabajadores de la comunicación, que realizan coberturas de riesgo, trasciende del ámbito individual de los derechos humanos hacia una esfera colectiva con repercusiones en el deber del Estado y en el ejercicio ciudadano de los derechos.
Los miembros del Comité coinciden en la necesidad de constituir un solo frente: sociedad civil, periodistas, medios de comunicación e instituciones públicas, que trabajan por la NO violencia en el ámbito de la libertad de expresión y comunicación, destacando el rotundo rechazo de la sociedad ecuatoriana.
El Comité está conformado por los ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; las secretarías Generales de Presidencia, Comunicación, y de Derechos Humanos; el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación; y, miembros de la sociedad civil como la Unión Nacional de Periodistas y Fundamedios.
Este cuerpo colegiado, creado por acuerdo ministerial en abril de 2019, tiene entre sus atribuciones, activar mecanismos y acciones para prevenir y proteger a periodistas y demás trabajadores de la comunicación, la formulación de políticas y procedimientos específicos, como también el acompañamiento y seguimiento a casos.