La directora Distrital de Educación Quevedo-Mocache, Liliana Litardo, manifestó que las unidades educativas particulares están obligadas a realizar un descuento hasta el 25% en las pensiones mensuales, si el padre de familia demuestra que ha sido perjudicado económicamente por la pandemia.
“Es decir, perdieron el trabajo o sus ingresos no son los mismos, pero lo tienen que demostrar con las instituciones educativas y se llegan a acuerdos. Si por ejemplo, un padre de familia demuestra que sus ingresos han bajado y la institución no quiere acceder a descuentos, allí pueden venir al Distrito a reportar esta novedad”, manifestó la funcionaria.
Otras de las medidas dispuestas por la Ley Humanitaria en torno a las unidades particulares es que “no podrán suspender, bajo ninguna forma, el servicio educativo, la asistencia, el registro de asistencia y evaluación” a los estudiantes cuyos representantes mantengan retrasos en el pago de pensiones, así mismo, por no tener los ingresos debido al Covid-19. (EHL)