Por existir elementos de convicción suficientes para deducir una imputación, Fiscalía vinculó a otras dieciséis personas al proceso que se sigue por presunto peculado, en el que se investigan varios convenios suscritos por funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con empresas dedicadas a la venta de insumos médicos –justificados con una supuesta declaratoria de emergencia que no ocurrió, según certificaciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop)–, que habrían ocasionado un perjuicio al Estado por más de 3 millones de dólares.
El fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, en la audiencia de vinculación –que concluyó la noche de este jueves 10 de septiembre–, presentó entre los elementos de convicción: las pericias de contratación pública y contable por un supuesto perjuicio económico a la casa asistencial por la compra de insumos médicos, informes generales emitidos por la Contraloría General del Estado, certificados laborales de procesados (que confirman su relación laboral con el Hospital) y copias certificadas de convenios de pagos recaudados con compañías y distribuidoras. Además de las versiones de los investigados en el proceso.
La jueza de Garantías Penales Marcela Ortega acogió en parte la solicitud de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Cristina María A. R. (auxiliar de Contratación Pública), José Luis Ll. C. (contratista) y Jorge Josué H. A. (director de Contratación Pública).
Mientras que para Luis Enrique J. Z. (exdirector del Hospital), Esteban Raúl S. M. y Gustavo Adolfo P. J. (área financiera), Javier Rolando V. Ch. y Mariana del Carmen M. R. (exdirectores jurídicos), José Euclides B. P. (coordinador administrativo), Jorge Luis C. B., Jorge Enrique L. E., Omar Khayyam C. V., José Paúl S. I. y Fray Rudiard C. M. (funcionarios), Johnny Henry P. B (Comisión Técnica de Contratación) y Roswin Fernando A. G. (beneficiario de convenios de pago) dispuso arresto domiciliario, prohibición de salida del país y presentación ante la autoridad.
Las medidas cautelares se dictaron debido a que los procesados –durante el desarrollo de la diligencia– presentaron certificados médicos y documentación de arraigo social, que justificarían su presencia dentro del proceso penal iniciado.
El caso
En operativos ejecutados la madrugada del 3 de junio de 2020, Fiscalía y Policía Judicial allanaron varios inmuebles en Guayaquil; seis personas –que estarían involucradas en un presunto delito de peculado– fueron detenidas.
Dos más fueron vinculadas al proceso, el 15 y 27 de junio de este año, tras haber sido capturadas por la Policía Judicial.
Fiscalía inició una investigación en septiembre de 2019, a través de la Unidad de Administración Pública, por denuncias presentadas por el entonces Director Nacional del Seguro Social. A ello se sumaron los informes de Contraloría, respecto al período de gestión 2012-2019.
Dato jurídico
Fiscalía procesa este caso según el artículo 278 del COIP, que indica que los servidores y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal y en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.