Acogiendo el pedido de la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de apelación interpuesto por el excontralor Carlos P. y su hijo John P., y confirmó la sentencia de seis y tres años de pena privativa de libertad, respectivamente, como autor y cómplice del delito de concusión.
Esta fue la resolución que dieron a conocer los jueces Daniella Camacho, Iván León y Dilza Muñoz, quienes consideraron que la sentencia dictada el 20 de julio de 2018 está debidamente motivada, por lo que la ratificaron en todas sus partes.
Durante la lectura de su decisión, la Jueza ponente señaló: «los tres jueces del Tribunal coincidimos en lo resuelto en primera instancia. Hemos arribado a la conclusión de que se ha demostrado, más allá de cualquier duda razonable, la existencia del delito y la responsabilidad de Carlos P. y John P.”.
En la audiencia de apelación participó la doctora Diana Salazar Méndez, fiscal general del Estado, quien sostuvo que, durante la audiencia de juzgamiento, Fiscalía probó los hechos sobre la base de la abundante prueba presentada.
Según Fiscalía, Carlos P., entre los años 2010 y 2015, exigió y recibió de la constructora brasileña Odebrecht, 6 millones de dólares para desvanecer glosas relacionadas al proyecto San Francisco y 4,1 millones de dólares por emitir informes favorables de la Contraloría respecto a los proyectos de los sectores estratégicos Manduriacu, Daule-Vínces, Refinería del Pacifico, Acueducto La Esperanza y Pascuales-Cuenca.
En relación a John P., la Fiscalía probó que en 2014 colocó 1,7 millones de dólares en las empresas Cosani de Panamá y Plastiquim de Ecuador. Aparentemente, simulaba entregar créditos de la empresa Venture Overseas, cuando ese dinero provenía de las coimas transferidas por Klienfeld, offshore de Odebrecht.
La Fiscal General añadió que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio es justa, legal e imparcial, y que las alegaciones expuestas por las defensas de los acusados no tienen sustento jurídico, por lo que solicitó a los jueces que desechen el recurso y ratifiquen la sentencia en todas sus partes.