Durante un conversatorio de medios desde la sede nacional de Alianza PAIS (AP), en Quito, el expresidente de la República, Rafael Correa, denunció que el Gobierno intentó comprar votos en la Corte Constitucional (CC) y que ya negoció una nueva mayoría en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para dar paso a la consulta popular.
Esto, luego de asegurar que la jueza Tatiana Ordeñana habría emitido un dictamen negativo para dos de las cinco preguntas que sustanció.
Desde el Gobierno aseguran que los plazos que tenía la Corte Constitucional vencieron y el presidente Moreno tiene las facultades para viabilizar la consulta popular vía decreto y hacer llegar el documento hasta el CNE. Tras conocer aquello, varios asambleístas de Alianza PAIS abandonaron el Pleno mientras se lee el informe para segundo debate del proyecto de Ley de Reactivación Económica.
Mientras esto ocurre, en la Corte Constitucional se realiza la audiencia sobre dos preguntas de la consulta popular acerca de la eliminación de la Ley de Plusvalía y reducción de la zona intangible del Yasuní. Allí, el exconsejero de Gobierno y exasambleísta, Virgilio Hernández, aseguró que no es posible que CNE convoque a consulta sin que haya un pronunciamiento de la CC.
“De las ‘mangas’ se han sacado un argumento de que el CNE podría convocar a consulta popular sin esperar el dictamen de la Corte. Solo hay que leer, porque parece que no hay esta recomendación, lo que dice el 104 de la Constitución en el último inciso: ‘En todos los casos se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional’”, añadió.
Alegando que “no hay cómo hacer una consulta popular si es que la CC no establece, previamente, un dictamen porque la Corte tiene la responsabilidad de establecer un dictamen que le permita calificar la constitucionalidad o no”.