Los 23 asambleístas del ala correísta de Alianza PAIS presentaron una demanda de inconstitucionalidad a los decretos 229 y 230 con los que el Presidente Lenín Moreno dispone al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que convoque a consulta popular directamente, sin esperar el dictamen constitucional. Los legisladores de la bancada que denominaron –con principios- realizaron esta acción con el fin «de detener el golpe a la institucionalidad constitucional y a nuestro sistema democrático».
La acción fue propuesta por el Asambleísta Carlos Viteri Gualinga acompañado por Marcela Aguiñaga, Esteban Melo, entre otros. Aseguran que los decretos violan varios principios constitucionales, los cuales son destinados “a proteger la supremacía de la Constitución y el adecuado empleo de la consulta popular como mecanismo de participación democrática directa”.
Exponen que el convocar a una consulta popular sin el dictamen previo de la Corte Constitucional, “evidencia un duro golpe al Estado constitucional de derechos. No se toma en cuenta que el dictamen previo tiene funciones de relevancia constitucional incomparables”.
Los legisladores en contra del Presidente Moreno sostienen que se debe asegurar que el procedimiento de convocatoria sea respetado, que la autoridad que convoca sea la competente, así como que la libertad del elector esté asegurada y que las preguntas estén adecuadamente formuladas, para que no produzca confusión al votante.
Sin embargo, a su criterio, los decretos emitidos por el Presidente Moreno contradicen la independencia de funciones “que él mismo anunció públicamente que respetaría y que hoy demuestra todo lo contrario. Se ataca a una de las funciones fundamentales de la Corte Constitucional en su rol de guardiana de la Constitución y los derechos ciudadanos”.
Por ello, piden que se suspenda la vigencia de los Decretos Ejecutivos 229 y 230 y se comunique inmediatamente acerca de esto al CNE para que se abstenga de convocar a una consulta popular.
La asambleísta Marcela Aguiñaga sostuvo que están defendiendo los intereses de las grandes mayorías y el estado de derecho. Por otro lado, se analiza plantear un pedido de juicio político contra el Primer Mandatario. “El artículo 130 de la Constitución señala que arrogar funciones de la Corte Constitucional puede ser causal de destitución”, señaló el legislador Esteban Melo.
(AEH)
Fuente: Alianza PAIS, Radio Sonorama