Luego de los incidentes violentos ocurridos la tarde y noche del martes último en el centro histórico de Quito, dentro de la jornada de movilizaciones convocadas, que incluyó ataque a policías y destrucción de bienes públicos, Andrés Castillo, en representación de la ciudadanía, presentó una denuncia en la que solicita que la Fiscalía investigue el delito de atentado y destrucción de bienes del patrimonio cultural.
La denuncia interpuesta en la Fiscalía de Pichincha la mañana de este jueves señala que se tiene que investigar a quienes convocaron a la marcha como parte del paro nacional en rechazo al congelamiento de los precios del galón de gasolina extra y ecopaís en $ 2,55 y el galón de diésel en $ 1,90. Entre ellos, al excandidato presidencial Yaku Pérez y al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza.
“A la ciudad se le defiende siempre, a la ciudad no se le abandona nunca. Nosotros no vamos a permitir que por venir a presentar sus propuestas políticas se siga destruyendo a la ciudad. Ya enfrentamos enemigos internos como fue el ahora exalcalde Jorge Yunda y ahora enfrentaremos a quienes creen que pueden venir a mancillar a la ciudad”, señaló Castillo.
El denunciante reconoce que la convocatoria a un paro siempre va a ser legítima, pero aclara que lo que no es legítimo es que se utilicen “torpedos para atacar a la Policía, que se obligue a los productores de leche a regar su producción, que hagan una movilización en la capital y lleguen a la plaza de Santo Domingo, en el centro histórico, con la única propuesta de romper la plaza y atentar contra el patrimonio de la ciudad”.
En el artículo 237 del Código Orgánico Integral Penal se dice, sobre el delito de destrucción de bienes del patrimonio cultural, que la persona que dañe, deteriore, destruya total o parcialmente bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre ellos, será sancionada con pena de cárcel de uno a tres años.
Al analizar que las denuncias colocadas por los hechos violentos de las protestas de octubre de 2019 en Quito y en las que no ha existido gran avance, Castillo sostiene que la Fiscalía en las denuncias colocadas por temas ocurridos en la capital ha dejado mucho que desear.
El abogado de profesión ha presentado varias denuncias anteriormente por lo ocurrido en octubre de 2019 y por hechos violentos dados en 2020 contra una estatua de Isabel la Católica, localizada en el norte de la capital.