El 3 de junio el Consejo Metropolitano de Quito resuelve la destitución del alcalde de la capital Jorge Yunda, quien habría estado siendo investigado por posibles casos de corrupción principalmente relacionados con el manejo de la emergencia sanitaria y el posible vínculo de estos actos con su hijo. Meses antes la Contraloría General del Estado había emitido un informe con indicios de responsabilidad penal contra Yunda por la compra de 100 mil pruebas PCR. Esto por no haber especificado y justificado la necesidad de esta adquisición.
Con 14 votos a favor, los Concejales del Distrito Metropolitano de Quito decidieron que Yunda sea removido de su cargo, que ya desde febrero mantenía un grillete electrónico como medida sustitutiva de la prisión preventiva, por el proceso de tráfico de influencias que se estaba siguiendo contra él.
El Consejo Metropolitano de Quito inicia el proceso de remoción de la mano con el Tribunal Contencioso Electoral.
Jorge Yunda recurrió a la vía constitucional y presentó una acción de protección, en la que, finalmente la Corte Provincial de Pichincha ratificó a Yunda como alcalde de Quito y además señala en su sentencia que se deja sin efecto el proceso de remoción.
Tras una acción extraordinaria de protección presentada ante la Corte Constitucional, esta es admitida y se emite un fallo a favor de Santiago Guarderas para que este sea designado como Alcalde de Quito y así dar por terminada la remoción del cargo de Jorge Yunda.