El pleno del Consejo de la Judicatura resolvió la destitución de los fiscales que llevaron adelante las primeras investigaciones por la tortura de dos menores de edad en el cantón Naranjal, en Guayas.
El caso de los dos niños, dos hermanos de 6 y 8 años, torturados conmocionó al país en septiembre del año pasado. En ese entonces se conoció que el niño habría sido quemado, violado y torturado, mientras la niña señaló a su madrastra por las agresiones.
Por este caso, la mujer y el padre de los menores fueron detenidos el 5 de septiembre pasado, pero horas después se los liberó por orden judicial. El fiscal del caso no solicitó la prisión preventiva para ambos.
En octubre pasado, la presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, resolvió la suspensión de los dos agentes fiscales mientras duraba el proceso investigativo disciplinario, tras la declaración previa de manifiesta negligencia por parte de la Corte Provincial de Justicia del Guayas
Inicialmente, la fiscal Érika V. fue sancionada por supuesta inacción al momento de tener conocimiento de que los menores “eran objeto de maltrato, lesiones y presuntos abusos sexuales, debiendo ella haber solicitado medidas de protección para los mismos, al respecto de la lectura de los informes presentados y las copias certificadas del proceso y puntualmente del mismo parte informativo”, se indicó en una resolución de la Corte Provincial de Justicia.
Asimismo, al fiscal Kenneth A. Q. se lo sancionó por empezar una investigación por violación y formular cargos por violencia física existiendo un informe médico en el que se hacen constar evidentes lesiones de carácter físico-sexual. Otro error, según el informe, fue no formular cargos contra el padre de los niños.
Por otra parte, la sala de la Corte que revisó la queja consideró que el juez Wilmer T. no fue hallado culpable, pues habría concedido medidas cautelares a la madrastra de las víctimas por petición de la Fiscalía, pues la mujer estaba dando de lactar a un bebé de 8 meses.
El Consejo de la Judicatura de Guayas realizó un informe motivado dentro el expediente disciplinario 1038-202 recomendando la destitución de los fiscales que llevaron el caso. El pleno de la Judicatura tenía la competencia de emitir la resolución definitiva, que fue determinada este lunes 3.