Con 128 legisladores, este 3 de febrero, la Asamblea Nacional reinstaló la sesión 758 para iniciar el segundo debate del proyecto de ley que garantiza la interrupción del embarazo de niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación.
Paralelamente, grupos provida y proaborto protagonizaron plantones en los exteriores del Palacio Legislativo y activaron campañas en redes sociales para presentar sus posiciones frente a este proyecto de ley que surgió tras el dictamen de la Corte Constitucional en abril de 2021, que despenalizó el aborto por violación en Ecuador.
Legisladores vistieron prendas verdes y otras blancas con frases alusivas al tema en discusión. Este debate se inició sin posiciones consolidadas en las cinco fuerzas políticas que actúan en el Parlamento, cuatro de ellas resolvieron liberar de la disciplina partidista a sus asambleístas para el debate y votación de este proyecto.
Ponencia
El debate arrancó con la ponencia de la legisladora Johanna Moreira (ID), integrante de la Comisión de Justicia, quien sostuvo que la temporalidad no debe ser fijada desde un criterio personal, sino desde la realidad ecuatoriana, del sistema de salud, de la realidad de la ruralidad, de aquellas mujeres que viven en lugares alejados.
Afirmó que de acuerdo con las cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), en el país anualmente 255 niñas son violadas y dan a luz; por eso, dijo que el informe de mayoría que ella defiende se ha considerado una diferenciación de plazos que van de las 22 semanas de gestación para niñas menores de 18 años y hasta de 20 semanas de gestación para mujeres mayores de edad, sin que esto sea discriminatorio, sino más bien de acuerdo con la necesidad de atención prioritaria.
Por favor, dijo Moreira, la ley no debe contener un plazo menor a las 22 semanas de gestación, las niñas desconocen que están embarazadas, más aún las niñas de escasos recursos que viven una realidad distinta y muchas veces rodeadas por su agresor.
La segunda legisladora en intervenir fue Nathalie Arias (CREO), quien pidió un punto de información para aclarar a la sala que el aborto en caso de violación es una excepción, no un derecho.
La representante de UNES en el exterior, Esther Cuesta, sostuvo que la Corte Constitucional fue clara al establecer que para las niñas menores de 14 años de edad no debe imponerse requisito alguno para facilitar la interrupción voluntaria del embarazo por violación. En el caso de mujeres mayores de 14 años, la Corte establece la incorporación de requisitos, pero esos requisitos no deben ser revictimizantes y no deben generar cargas desproporcionadas a las mujeres. En consecuencia, este proceso debe ser reparador, dijo.