La Revisión Técnica Vehicular (RTV), arrastra contratiempos desde el 2017. Para entender por qué se ha vuelto un dolor de cabeza para las últimas administraciones se debe saber que en los últimos cinco años no ha existido un contrato entre la empresa que brindaba el servicio (Danton S.A. junto con el Consorcio ITLS) y el Municipio de Quito. ¿Por qué?
En 2002, la competencia de la RTV pasó al Cabildo, pero no tenía presupuesto, por lo que optó por un modelo de concesión.
Carlos Páez, investigador de la Escuela Politécnica Nacional, quien fue parte de ese proceso, cuenta que el esquema de la RTV se basó en tres componentes. El primero fue abrir centros de revisión que incorporan elementos de seguridad vial (suspensión, frenos y demás), de registro de propiedad (documentos) y de desempeño ambiental (emisiones).
El segundo fue habilitar un sistema de control aleatorio en la vía pública y el tercero abrir un centro de investigaciones sobre emisiones. Las tres fases se cumplieron. En la alcaldía de Paco Moncayo se hizo un concurso público y la empresa privada fue adjudicada. En marzo de 2003 la RTV arrancó.
El contrato de concesión implicaba 10 años de servicio más otros cinco, si se llegaban a cumplir todos los objetivos. Así se hizo y en el 2013 se renegociaron las condiciones económicas. Páez recuerda que los primeros 10 años, la empresa que brindaba el servicio, y que fue la que construyó y equipó los seis centros de revisión, se llevaba el 88% de lo recaudado y le entregaba al Municipio el 12%.
Pero en la renegociación, el monto para el Municipio aumentó al 36%. Además, se definió que el contrato terminaría en diciembre del 2017 y en 2018 se comenzaría con un nuevo operador, ratificando al mismo por concurso o que el Municipio asumiría el servicio (porque ya había experiencia). Fuente: El Comercio.