El pasado 17 de marzo de 2018, policías enjuiciados, sus familiares, amigos y actores políticos se reunieron para llevar a cabo un juicio simbólico en contra del expresidente Rafael Correa.
En dicha ‘audiencia’ se juzgó a Correa por los procesos judiciales que emprendió tras el 30S y se lo condenó a 30 años de prisión.
De acuerdo con información de diario El Universo, en el juicio simbólico se determinó que el exmandatario tendría que cumplir su sentencia en la cárcel de Latacunga.
En la reunión, que fue en el coliseo del colegio Anderson en el norte de Quito, una persona utilizó una gran máscara con la imagen de Correa y usó un traje naranja para escuchar las acusaciones.
El Tribunal del juicio, que duró 3 horas, estuvo compuesto por la exasambleísta Lourdes Tibán y el abogado Milton Castillo.
Como fiscal actuó Ramiro García. El defensor del expresidente Correa fue Patricio Armijos, quien terminó desistiendo de la defensa ante la «contundencia de los testimonios» de los afectados.
El activista Fernando Villavicencio se constituyó en acusador particular. En su intervención, él recordó los antecedentes y hechos del 30 de septiembre.
Uno de los testigos presentes fue el exdirector del hospital de la Policía Nacional y ahora asambleísta por CREO, César Carrión, quien denunció haber sido condenado por Correa en una de sus sabatinas.
Como parte de este juicio solicitaron también se juzque al actual fiscal general, Carlos Baca, los políticos, Diego Guzmán y Oscar Bonilla, quienes integraron la Comisión 30S y emitieron un informe subrayando que ese día se produjo un golpe de Estado.
García Falconí explicó que el delito por el que se acusó a Correa a cumplir su sentencia fue por inducción al asesinato y complicidad por prevaricato.