La corte de Manabí declara nulo el habeas corpus a favor de Jorge Glas y Daniel Salcedo y ordena que sigan en la cárcel 4 de Quito. Esta es la segunda orden de libertad concedida por un juez de primera instancia que es anulada por un tribunal superior.
Este viernes, 26 de agosto, la Corte Provincial de Manabí anuló el habeas corpus concedido en Portoviejo a inicios de este mes en favor del exvicepresidente Jorge Glas y Daniel Salcedo, sentenciados por casos de corrupción, y ordenó que sigan detenidos en la Cárcel 4 de Quito. Los jueces Hugo Velasco, Cecilia García y Teddy Ponce, que conformaron el Tribunal a cargo de la apelación al habeas corpus que presentó el sistema penitenciario y la Procuraduría, dicen que el juez Banny Molina -ahora suspendido- no era competente para ordenar la libertad, ya que los detenidos están en Quito y no en su jurisdicción.
“Este Tribunal verifica que el señor Banny Ruben Molina Barrezueta, juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el cantón Portoviejo, actúo sin competencia, lo que conlleva a que todos sus actos carezcan de validez“, dice el fallo. Por eso anularon la resolución del pasado 5 de agosto, cuando Molina dispuso la liberación de Christian Araujo, sentenciado por asesinato y solicitante original del habeas corpus por temas de salud.
El juez Molina aplicó entonces la figura “intercomunis” y extendió el beneficio a Glas y Salcedo, que están en la misma prisión que Araujo, por encontrarse supuestamente en similares condiciones de falta de atención médica, lo que es rechazado por el Estado.
Glas, que fue vicepresidente durante parte del Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y luego también por pocos meses de su sucesor, Lenín Moreno (2017-2021), ingresó inicialmente en prisión a finales de 2017 y ha sido condenado en firme en dos casos de corrupción:
Casos
Uno por asociación ilícita relacionado con la trama Odebrecht (con 6 años de cárcel) y otro por cohecho ante la financiación ilegal para su movimiento político, denominado ‘Caso Sobornos’ (con 8 años).
También ha sido condenado a 6 años por malversación de fondos públicos (peculado) en un contrato petrolero denominado el ‘Caso Singue’, que todavía está en fase de apelación.