La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), suspendió el segundo debate del proyecto de ley para garantizar la interrupción del embarazo en caso de violación. Foto: Flickr / Asamblea Nacional del Ecuador
Llori comunicó esta decisión a los legisladores, después de que en el Pleno se dio la lectura del informe no vinculante presentado por la Comisión de Justicia y recibió los criterios de médicos, abogados, activistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil sobre el texto.
“Las coordinaciones de las bancadas y las autoridades de la Asamblea los asambleístas cuenten con el tiempo necesario para el análisis y la elaboración de propuestas que mejoren el texto propuesto para el segundo debate y solicitaron que se suspenda la sesión de hoy”, dijo.
Llori afirmó que el trámite de este proyecto “se ha desarrollado con respeto a los diferentes criterios y a lo dispuesto por la Corte Constitucional que señaló el deber de la Asamblea Nacional de discutirlo con los más altos estándares de deliberación democrática”.
Antes de suspender la sesión, por alrededor de cinco horas, en sesión virtual los asambleístas escucharon 20 ponencias de líderes de la sociedad civil y expertos, además de víctimas de violencia sexual, sobre el proyecto.
En las intervenciones, se evidenciaron posturas contrapuestas: unos a favor de que no se establezcan plazos ni requisitos como la denuncia para acceder al aborto por violación, y otros que pidieron respetar la vida del feto.
También aludieron a la objeción de conciencia, que es otro de los nudos críticos del proyecto que fue entregado por la Defensoría del Pueblo al Parlamento en junio pasado, tras la sentencia con la cual el 28 de abril pasado la Corte Constitucional (CC) despenalizó el aborto por violación.
Durante la sesión, la investigadora de la organización Human Rights Watch, Ximena Casas, dijo que el Ecuador está obligado a garantizar el acceso de las mujeres al aborto en caso de violación, sin incluir trabas como establecer plazos.
“La propuesta de establecer plazos para acceder a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violencia sexual, en el contexto ecuatoriano, significaría crear una barrera de acceso que tendría impactos graves para muchas personas cuyos embarazos resultaron de una violación sexual”, dijo.
A su vez, María Lourdes Maldonado, del colectivo Dignidad y Derecho, sostuvo que el informe de mayoría de la Comisión de Justicia contraviene la sentencia de la Corte Constitucional y rechazó que se equipare al aborto como un derecho fundamental.
“Lo único que se está pretendiendo hacer con este proyecto es favorecer el aborto libre y eso no está permitido por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, por nuestra carta fundamental”, adujo.
Sin precisar una fecha, Llori mencionó que convocará al Pleno “oportunamente” para retomar la sesión en modalidad presencial, pues el Parlamento lleva más de tres semanas en teletrabajo en vista del repunte de contagios del covid-19.
A las afueras de la sede del Parlamento, se concentraron decenas de mujeres para exigir a los legisladores la aprobación del proyecto.
Las bancadas dejaron en libertad a sus integrantes para la toma de una decisión. Se requieren de 70 votos en el Pleno para aprobar el texto y enviarlo al Ejecutivo para sus observaciones.