Con 127 votos afirmativos y tres abstenciones el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código Orgánico Integral Penal, COIP, en materia anticorrupción, en su última sesión del 2020.
La denominada «Ley Anticorrupción» es un compendio de 10 propuestas reformatorias presentadas por legisladores de diferentes bancadas y el Ejecutivo. En ella se tipifican tres nuevos tipos penales: la obstrucción de la justicia (en todo proceso judicial), sobreprecios en contratación pública y actos de corrupción en el sector privado. El Informe fue trabajado por la Comisión de Justicia.
El asambleísta Marcelo Simbaña sugirió que se elimine el texto del artículo 581.1 de la propuesta, porque no es claro respecto de la obligatoriedad de un informe de la Contraloría para determinar los montos de sobreprecio y avanzar en un juicio penal por delitos contra la administración pública. «La redacción puede dar lugar a confusión a los actores del proceso penal. Parecería que se está contradiciendo el texto de la sentencia de la Corte Constitucional que señaló que este requisito es inconstitucional».
El presidente de la Comisión de Justicia, José Serrano, incorporó la observación de los asambleístas Luis Pachala y Marcela Aguiñaga, detallando que «en ningún caso estos informes de Contraloría constituyen un requisito de admisibilidad o procedibilidad para el ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía». Con este ajuste, aseguró que la normativa es clara y guarda concordancia con la sentencia de la Corte Constitucional.
Otra de las observaciones que se incorporó fue la del asambleísta Silvia Salgado, quien sugirió que el artículo 285 debe señalar en el delito de tráfico de influencias a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras.
El texto aprobado por el Legislativo amplía la máxima pena de los delitos de corrupción, por ejemplo, peculado a 13 años; cohecho a 10 años; concusión a siete años; tráfico de influencias a cinco años; por sobreprecios siete años. La corrupción en el sector privado se sanciona hasta con 10 años de prisión.
El legislador socialcristiano, Henry Cucalón aseguró que la aprobación de esta normativa es importante, pero no es la única medida para terminar con la corrupción. «Las leyes son importantes, jamás suficientes. Es imprescindible actitud y decisión por parte de quienes las aplican, pues caso contrario no cesará el hastío ciudadano y la sed de justicia, al ver como los recursos para salud, educación y seguridad son festinados».
También se establece la obligatoriedad del informe previo de la Contraloría para toda contratación pública, que se eliminó en el gobierno de Rafael Correa para evadir los controles anticorrupción.
El proyecto, además, introduce la figura de cumplimiento de la norma (compliance), es decir, pautas, reglas y directrices que se promoverán en todas las instituciones públicas y privadas del país para prevenir la corrupción. Establece como atenuante de la infracción que la organización haya implementado sistemas de integridad efectivos, robustos, medibles y auditables.
Ley de Extinción de Dominio
La Ley de Extinción de Dominio es otra propuesta que se planteó como herramienta para combatir la corrupción, para despojar de los bienes obtenidos de forma ilícita a las personas que se han visto relacionadas con actos de corrupción. No fue parte del debate, pero varios legisladores insistieron al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, que se posponga la vacancia legislativa y se convoque a la votación y aprobación inmediata de la ley. «Si no se aprueba esta norma se estará atentando contra la credibilidad del primer poder del Estado. La urgencia es recuperar el dinero robado, no salir de vacaciones» señaló el asambleísta del Carchi, Javier Cadena.
La asambleísta independiente Mae Montaño aseguró que la Ley de Extinción de Dominio lleva un año y dos meses debatiéndose, mientras la llamada Ley Anticorrupción se aprobó en quince días.
Otros asambleístas, como Lourdes Cuesta, usaron sus redes sociales para insistir en que se convoque para la votación de la Ley de Extinción de Dominio.
La aprobación del proyecto de ley anticorrupción fue uno de los requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para otorgar el crédito a Ecuador por $6 500 millones, que se aprobó el 30 de septiembre 2020. El organismo internacional pidió transparencia, dolarización y sostenibilidad fiscal.
La propuesta será enviada al Ejecutivo para que sea observada y la Asamblea Nacional iniciará desde el 16 de diciembre oficialmente su periodo de vacancia.