Sentada sobre una banqueta del Parque del Migrante en esta capital de la provincia del Cañar está Carmen Hurtado. Son las 13:30 del martes 27 de marzo, la tarde está soleada y a su alrededor juegan unos menores, entre ellos su hija.
Por momentos la mujer, de 51 años, dirige su mirada al horizonte y queda inmóvil. Pese a los gritos contagiantes de alegría de los chicos, ella está seria.
Luego de entablar una breve conversación con Andes, la madre de familia confiesa que es víctima de la migración y que luego de 15 años de ausencia de su esposo le cuesta mucho reponerse de la separación. Está en Azogues, irónicamente en el parque dedicado a los migrantes, descansando luego de haber realizado una serie de trámites personales.
La mujer, oriunda del cantón La Troncal (litoral de la provincia de Cañar), cuenta que su esposo salió hace quince años del ingenio donde trabajaba porque el salario que percibía no le alcanzaba para mantener a la familia.
Por ello su cónyuge contactó, a través de un amigo, a uno de los denominados ‘coyoteros’ para que lo ayude a emigrar a Estados Unidos donde anhelaba conseguir un buen trabajo que le permita sostener de mejor manera su hogar.
Doña Carmen recuerda que al comienzo no estuvo de acuerdo con esa idea, pero la situación económica la obligó a aceptar esa opción. A partir de ese entonces -cuenta- todo fue dolor.
Primero, el viaje de su esposo fue bastante accidentado. Recibió maltratos, humillaciones, explotación por parte de las bandas de coyoteros durante su travesía por tierra hasta el sueño americano. Antes fue apresado en Guatemala y México pero salió de las cárceles y emprendió su camino.
La mujer relata que su esposo le contó que en un punto de la frontera fue abandonado sin agua, comida en una zona desértica. Los pies le sangraban porque había gastado la poca suela de los zapatos.
“Estuvo a punto de echarse a morir en el desierto, pero el hecho de pensar en nosotros, lo motivó a cumplir la caminata”, rememora la mujer, al reconocer que las lágrimas se le han secado de tanto llorar en estos quince años.
No obstante, el hecho de haber cumplido su cometido, el drama continuó. Pues quedaron con una gran deuda con los coyotes que aún no han podido cancelar y más bien creció a 30.000 dólares por los intereses.
“Yo prefiero que no se haya ido, que se haya quedado a luchar con nosotros pero estábamos juntos.. Mi esposo me cuenta que no gana lo suficiente y seguimos siendo pobres”, comenta, mientras asiente y cruza sus brazos en su pecho.
Este drama es solo uno de los miles que se repiten a lo largo de Cañar y todo el austro ecuatoriano, la zona más golpeada por la migración ilegal y que es el principal centro de operaciones de bandas dedicadas al tráfico de personas.
Raúl Abad, coordinador zonal en el Austro del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoce que combatir este delito es complicado porque estas redes se involucran en las propias comunidades y se ingenian cada vez nuevas rutas para ingresar de manera ilegal a los migrantes de todas partes de Latinoamérica hacia Estados Unidos y Europa.
Obligados a llevar droga
El funcionario recuerda que al comienzo los ‘coyotes’ utilizaban la ruta terrestre Perú-Centroamérica-México, pero luego pasaron a través de Colombia, posteriormente a las rutas marítimas Guayaquil-Bahamas-Estados Unidos.
“Ellos tienen infinidad de recursos, de ideas, innovan para cumplir con el objetivo de introducir a nuestros hermanos y burlar los estrictos controles no solo de nuestros países, sino del propio Estados Unidos, con toda la tecnología con la que ellos cuentan”, señala.
El titular de la Cancillería en el austro señala que se ha detectado que la migración ilegal cada vez se vuelve más riesgosa, pues ahora los ciudadanos son sometidos por carteles de la droga en México y obligados a llevar en sus maletas sustancias estupefacientes, con lo cual se exponen a los delitos de migración ilegal y tráfico de drogas, que tiene duras penas en Estados Unidos.
Uno de los episodios más recientes de migración riesgosa ocurrió el pasado 26 de febrero cuando dos primos, de 16 y 17 años, del cantón El Tambo, murieron al caer desde el tren de aterrizaje de un avión que despegaba del aeropuerto internacional de Guayaquil.
Actualmente las autoridades de la Fiscalía de Ecuador investigan cómo los jóvenes, unos sencillos campesinos de la comuna Cachi, pudieron burlar los sofisticados controles humanos y técnicos de la terminal aérea de la ciudad porteña.
El fiscal provincial de Cañar, Leonardo Amoroso, ha solicitado a la familia de los menores toda la información posible para avanzar en las indagaciones y dar con los presuntos ‘coyotes’ que habrían contactado a los jóvenes.
Según datos del Ministerio Público, en los últimos años se han registrado casos emblemáticos como el de la niña Joselyn, quien fue violada en un centro de acogida en México tras ser detectada como emigrante ilegal. La niña se ahorcó en ese centro y como resultado de las investigaciones se aprehendió y sentenció a dos personas que estuvieron involucradas en el caso.
Además, se registra el caso de Lala Pomavilla, quien sobrevivió a una balacera propinada por el cartel Los Zetas en México. El hombre fue traído a Ecuador y tanto él como su familia reciben protección del Estado.
Acción ciudadana
Para el gobernador de Cañar, Luis Quishpi, la forma más efectiva para combatir a las redes de tráfico ilegal de personas es la denuncia.
El funcionario indicó que tras la muerte de los jóvenes de la comuna Cachi se activaron charlas tanto en planteles educativos como en las comunidades para fomentar la cultura de la denuncia. Actualmente, dice, están trabajando para habilitar una línea exclusiva para recibir información sobre estas bandas.
“Hemos declarado acción ciudadana, que se implemente una cultura de denuncia, a fin de que haya responsabilidad compartida”, señala el representante del Ejecutivo.
En ese sentido, Abad señala que se puso en marcha una estrategia multisectorial para brindar charlas en las que se enfoque todo el drama y secuelas sociales que deja el fenómeno de la migración.
El funcionario indica que en el último año se dieron asistencias a través de consulados y embajadas a 30 personas en Ecuador, de ellos 13 oriundos de Cañar, que fueron deportados en su intento por migrar de manera riesgosa.
La tarea continúa luego del retorno con asistencia psicológica tanto al migrante como a las familias porque los traumas que quedan de esa experiencia son difíciles de llevar. “Son heridas muy difíciles de cicatrizar”, reconoce Abad.
“Cada municipio, comunidad y autoridades del gobierno de manera coordinada y planificada debemos enfrentar a estas bandas (de tráfico de personas)”, sostuvo el viceministro de Relaciones Exteriores, José Jácome, durante un gabinete ampliado que se desarrolló en El Tambo tras la muerte de los primos en el aeropuerto de Guayaquil.
En ese encuentro, el funcionario mencionó que mediante la corresponsabilidad será la única forma de enfrentar este crimen internacional organizado que tiene tentáculos no solo en Estados Unidos, sino en Europa, Malasia, Turquía y otras rutas.
“Nosotros separados somos vulnerables, trabajemos juntos con una visión integral del derecho a la movilidad humana, a la migración legal y evitando el coyoterismo”, destacó el funcionario.
Por lo pronto, Víctor Zamora, delegado del Consejo de la Judicatura en Cañar, indicó en esa misma reunión que se implementará una Unidad Judicial Multicompetente en el cantón El Tambo, una de las localidades más golpeadas por el fenómeno de la migración ilegal.
Ft Andes/Aldia