Las multas que tienen que pagar miles de taxistas y transportistas de buses se agudizaron tras el fallo de la Justicia a favor de la empresa Cisvb, encargada del control de tránsito con los radares en el cantón Babahoyo.
Y es que, el viernes 28 de agosto de 2020, los jueces de la Unidad Judicial de Babahoyo, le dieron la razón a la empresa de radares para que no se retiren los dispositivos electrónicos de las arterias. Esto luego de una acción de protección que presentó el Gobierno Nacional solicitando que se retiren.
Los cerca de 19 mil perjudicados mostraron su desacuerdo y durante la audiencia paralizaron sus vehículos en las inmediaciones de la casa judicial, como símbolo de protesta.
El gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, como primer representante del Gobierno, lamentó la situación ya que las mismas autoridades municipales habrían manifestado que el contrato fue firmado de una manera “mañosa y lesiva”, por lo que no comprendía la sentencia.
“Es lesivo para las familias de todo el pueblo ecuatoriano, que vergüenza nosotros como Los Ríos que nos indican que tenemos aquí unos fotorradares que son recaudadores y que nos quitan el dinero diariamente (…)”, manifestó Salinas.
Tanto la Gobernación, la Agencia Nacional de Tránsito como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas apelarán la sentencia y pedirán a la Judicatura que se revisen las inconsistencias presentadas por todos los ciudadanos y algunas autoridades del Concejo.
Mientras que la Municipalidad de Babahoyo se pronunció a través de su página oficial en Facebook, alegando que todo lo que tenga que ver en materia de tránsito le pertenece al GAD y no al Estado.
“Con la acción se ratifica lo dispuesto por el Procurador General del Estado el 2 de agosto de 2019, donde determinó que la competencia en los controles operativos pertenecen a la municipalidad”, dice el comunicado.
Además, que el juez dispuso al Gobierno que se “abstenga de ejecutar actos tendientes a perturbar y afectar la autonomía del GAD (…) y, que los operativos realizados por la CTE en la jurisdicción cantonal son ilegales y las citaciones carecen de validez (…)”, finaliza.
Entre tanto, los perjudicaron manifestaron que continuarán en la lucha y que no pagarán ningún centavo así los reclamos de sus derechos duren años. (EHL)
