El juez Édgar Flores, integrante del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ordenó una multa para Eduardo Franco Loor, abogado del vicepresidente Jorge G. por referirse en términos peyorativos en contra del fiscal Carlos Baca Mancheno.
Esta novedad se registró durante el segundo día de la audiencia de juicio en contra del segundo mandatario y otros ocho procesados más, entre ellos su tío Ricardo R. El proceso se cumple por un presunto caso de asociación ilícita dentro del denominado caso Odebrecht.
Durante la diligencia, que se llevó a cabo desde las 09:00 de este sábado, la defensa del vicepresidente manifestó que el informe que presentó el perito Cuesta Cumbicus, sobre el pendrive que entregó un testigo protegido, no siguió los protocolos de verificación de Fiscalía.
Franco manifestó al tribunal que se debería «meter preso» al perito por desconocer dicha norma. «Este informe que presentó Fiscalía es algo turbio y merece una multa», dijo. Ante tal conducta, Flores llamó la atención del abogado, le indicó que debe mantener compostura ante el proceso y le reiteró que la sanción será notificada al Consejo de la Judicatura.
Carlos Baca Mancheno, fiscal General de la Nación, aprovechó la ocasión para señalar que existen términos despectivos en su contra a partir del caso. «Se exige a los sujetos procesales litigar en nombre del proceso», reiteró. La diligencia se lleva a cabo durante este sábado.
Hasta las 13:00, presentaron sus declaraciones de Jenny María Soranza Rivera, quien fue arrendataria de un inmueble de la empresa brasileña Odebrecht. Según la arrendataria, el contrato se inició en 2012, a través de un contrato de bienes raíces, con una mensualidad de $ 1.370 a través de facturación.
El contrato culminó el 22 de julio de 2016, por parte de la empresa. La locación se encuentra en la suite 156 de la torre B del hotel Swissotel, al norte de la ciudad. La testigo manifestó que dio autorización para que los peritos de la Policía Nacional realizaran las inspecciones respectivas.
Una de estas diligencias se desarrolló por parte de Luis Antonio Granja, quien es técnico del Área de Criminalística de Inspección Ocular. En la revisión del lugar también participó el policía Wilson Herrar Cruz, quien además cumplió con un peritaje en la suite del hotel y otra en una oficina ubicada en el edificio Wall Trade Center, en la torre A, en donde también funcionaba la empresa Odebrecht.
Por último se llamó al ingeniero informático y miembro de la Policía Nacional, Mauricio Romero Villacrés, quien realizó una experticia de materialización de la información que se entregaron en dos discos compactos, que fueron entregados por la asistencia penal de los Estados Unidos.
Entre los datos que detalló el técnico se encontraron detalles de algunos de los contratos Daule-Vinces, así como subcontratos para servicios del acueducto Esperanza, entre otros.
El Telégrafo/jj