En el marco de la reunión convocada el domingo 24 de abril por el Presidente de la República, Guillermo Lasso, para evaluar las últimas decisiones jurisdiccionales que han generado polémica en el país, el Presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo Fierro, y el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Rodas, suscribieron una carta dirigida a la Corte Constitucional del Ecuador (CC).
En la misiva se solicita a la Presidente de la CC, Alí Lozada, encontrar soluciones concretas a los siguientes temas:
- Que por vía jurisprudencial se aclare el alcance y se delimite el Hábeas Corpus, para eliminar elementos discrecionales que den paso a abusos.
- Que se revierta aquel precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos de prevaricato con relación a decisiones judiciales sobre garantías constitucionales.
- Revisar los límites a las potestades disciplinarias del Consejo de la Judicatura, en particular restituyendo la facultad de actuar de oficio en caso de negligencia manifiesta.
Justificación
En el documento, los Presidentes Murillo Fierro y Saquicela Rodas dicen que durante las últimas semanas han presenciado una serie de decisiones judiciales que denotan un abuso de acciones constitucionales como el Hábeas Corpus, que son de conocimiento público.
Aseguran que una Garantía Constitucional, como el Hábeas Corpus, constituye una valiosa institución jurídica que no puede ser convertida en un instrumento para la impunidad del narcotráfico, la corrupción y el crimen.
“Sabemos que no ha sido jamás la intención de la Corte Constitucional, en sus fallos fundamentados, en el más estricto apego al derecho, que eso suceda”, indican en la carta ambos Presidentes.
Fausto Murillo e Iván Saquicela indican que ha llegado el momento de que las instituciones jurídicas den una respuesta a una realidad innegable, que ha derivado en el extensivo abuso de la garantía jurisdiccional del Hábeas Corpus.
Desde el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, en el marco de sus competencias, llevarán adelante todos los procesos para sancionar a aquellos funcionarios que se presten para servir a la impunidad.
En esta reunión, que se desarrolló en Guayaquil, también participaron la Fiscal General del Estado, Diana Salazar; los Ministros del Interior, Patricio Carillo; de Gobierno, Francisco Jiménez; el Consejero presidencial, Aparicio Caicedo; el Secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla; el Secretario Jurídico de Presidencia, Fabián del Pozo, entre otros.