Con mucha indignación salieron los comerciantes de la Unidad Judicial de la parroquia San Camilo, del cantón Quevedo, donde se cumplía la segunda audiencia de acción de protección que interpuso una comerciante informal contra el Gobierno Municipal y el comisario de la vía pública, Ángel Mora Salinas, debido a que la jueza Mónica Díaz no aceptó la demanda.
El abogado de la comerciante, Ulises Naranjo, manifestó que la Justicia desestimó la acción de protección, pese a todas las pruebas que indicaban que la comerciante informal no recibió una notificación previa para que se retire de un sitio donde se iba a pintar un paso cebra.
“La jueza aduce que no se ha violado el derecho, pero es muy claro, existe un señor de apellido Ormaza que no conoce el paradero de Nury Almeida Vargas, quien ha presentado la acción, pero la Comisaría Municipal dice que ha notificado por tres veces a la señora, pero que no conoce el paradero y que ha dejado la boleta (notificación) dentro de los tubos donde ejerce la actividad (…) la ley es muy clara, cuando no se conoce el paradero de una persona se lo notifica por la prensa, sino debe existir la declaración juramentada del citador, que no encontró a la persona para entregarle la providencia (…) pero a la demandante no se le dio el derecho a defenderse”, explicó Naranjo.
También indicaron que dentro del juicio no hubo imparcialidad, ya que a decir ellos, la jueza es cónyuge de un funcionario de la Empresa Pública de Mercados del GAD de Quevedo, por lo que pidieron la recusación, pero no fue aceptada.
Frente a esto, presentaron el recurso de apelación y continuarán en las instancias legales. Mientras que el comisario Mora indicó que la notificación fue realizada en la gestión de la anterior comisaria y que lo que hicieron ellos fue aplicarla. “Los fierros están embalados en la Comisaría y ella se niega a retirarlos, y ha sido reubicada en la parte interna de la calle Octava”, indicó. (EHL)