La Fiscalía, en coordinación con la Policía Judicial, allanó las instalaciones de la empresa que presuntamente ayudó a salir del país al principal investigado –por peculado y otros delitos– en la trama de compras de insumos médicos del Hospital del IESS y otras entidades públicas, en el contexto de la emergencia sanitaria que enfrenta el país.
Contra Daniel S.B, pesa una boleta de detención ejecutoriada por autoridad competente.
El allanamiento se llevó a cabo a las 22:30 del martes 9 de junio, con la presencia de la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, y del fiscal de flagrancia Robert Acosta. En el lugar se incautó documentación relacionada al caso, como las bitácoras de entrada y salida de personas que viajaron el día de la presunta evasión del investigado hacia Perú.
Además, las instalaciones de la empresa, ubicadas en el hangar 7 del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, fueron intervenidas por peritos de Criminalística y de la Policía Judicial, que procedieron a levantar indicios y elementos del hecho investigado.
La Terminal Aérea de Guayaquil (Tagsa) también colaboró con la entrega de los vídeos de las cámaras de seguridad del centro aeroportuario, correspondientes al día de la evasión.
Mientras tanto, en horas de la madrugada de este miércoles 10 de junio, la Policía Nacional trasladó a la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo, en Guayaquil, a Daniel S. B. (detenido) y su pareja, Jocelyn M. Z. (retenida para investigaciones), una vez que fueron expulsados de Perú y 48 horas después de que la aeronave en la que se daban a la fuga se estrellara (en el hecho se registró la muerte del piloto).
A su llegada, a ambos se les practicaron los exámenes médico-legales y se les tomó la versión correspondiente.
Fiscalía formulará cargos contra Daniel S. B., por su presunta participación en el delito de peculado, en el caso de compras de insumos médicos por parte del Hospital del Seguro Social en Guayaquil.
Además, se evalúa proceder con una segunda audiencia, por un presunto delito de fraude procesal contra el mismo ciudadano, quien habría tratado de engañar a la autoridad judicial con sus acciones. Este delito es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años de prisión.
