La dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), presidida por Leonidas Iza, sí aceptó la invitación al diálogo que le efectuó días atrás el mandatario Guillermo Lasso a través de su vocero político, Carlos Jijón. La cita se fijó para este miércoles 10 de noviembre.
Así lo resolvieron en una reunión de consejo ampliado, el pasado viernes 5 de noviembre. Participaron, de manera virtual, representantes de las tres filiales de la organización: Ecuarunari, Conaice y Confeniae. Hace pocos minutos, a través de sus redes sociales, divulgaron un comunicado que recoge las seis resoluciones.
Decidieron, entre otros temas, “ratificar nuestra voluntad política de diálogo, como un mecanismo para que las demandas de los sectores sociales sean escuchadas y, sobre todo, obtengan respuestas favorables que la ciudadanía anhela”, y por ello asistirán al Palacio de Carondelet el día señalado, junto con los líderes de las agrupaciones que conforman el llamado Parlamento de los Pueblos: Frente Unitario de Trabajadores, Unión Nacional de Educadores, Feine, Fenocin y otros.
Asimismo, “la decisión colectiva exhorta al Gobierno nacional a que el diálogo sea público, para que exista transparencia y verdadera participación democrática”.
En el boletín se menciona que ratificarán los seis temas ya planteados al Gobierno el pasado 4 de noviembre:
Revisión del precio de los combustibles y derogatoria de los decretos ejecutivos que liberan el precio. Moratoria, renegociación de las deudas y reducción de las tasas de interés del sistema financiero. Garantizar precios de sustentación y compras públicas de los productos campesinos. Políticas públicas concertadas con sectores sociales y el movimiento indígena para la generación de empleo digno y frenar la precarización laboral. Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva petrolera, auditoría de los impactos socioambientales y étnicos de los proyectos en ejecución, no a los proyectos mineros a cielo abierto y a la ejecución de proyectos de megaminería. Plena garantía de cumplimento y vigencia de los derechos colectivos, consulta previa vinculante, formalización y protección de territorio y libre determinación.