La Fiscalía General del Estado ha confirmado la peor noticia para las familias de Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina: los restos humanos encontrados en Taura corresponden a los cuatro niños desaparecidos tras un operativo militar el pasado 8 de diciembre.
Los resultados de las pruebas de ADN y los análisis antropológicos no dejan lugar a dudas: los menores fueron víctimas de un crimen que ha conmocionado al país.
Dolor y rabia en medio de la justicia
La confirmación de la muerte de los niños ha desatado una ola de dolor y rabia entre sus familiares y amigos. En las afueras del Complejo Judicial Valdivia, donde se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares involucrados, se vivieron escenas desgarradoras.
«Queremos justicia», clamaron los familiares, exigiendo que se esclarezcan los hechos y que los responsables paguen por este crimen.
TE PUEDE INTERESAR: Terrible accidente en Guayaquil: auto queda aplastado bajo plataforma
Un juez dicta prisión preventiva para los militares
Tras la presentación de las pruebas, un juez ha decidido dictar prisión preventiva para los 16 militares involucrados en la desaparición de los niños. Sin embargo, los familiares y sus representantes legales han denunciado irregularidades en el proceso judicial y han expresado su preocupación por la seguridad de los acusados, quienes se encuentran detenidos en una base militar.
¿Qué pasó realmente?
Las autoridades aún investigan las circunstancias exactas de la desaparición y muerte de los niños. Según la Fiscalía, los menores fueron detenidos durante un operativo militar, el 8 de diciembre de 2024, pero las versiones de los familiares y de las autoridades difieren en varios puntos.
Mientras las familias exigen justicia y verdad, la sociedad ecuatoriana clama por una investigación exhaustiva y transparente que esclarezca este trágico suceso y ponga fin a la impunidad.