El rumor de que candidatos estarían recibiendo dineros del narcotráfico para financiar campañas políticas, movió a una brigada del Consejo Nacional Electoral (CNE), que estuvo varios días en los cantones de Esmeraldas, cercanos a la frontera con Colombia.
El consejero Luis Verdesoto comentó que hallaron indicios de la penetración del dinero de las mafias, posiblemente colombianas, que están viendo a organizaciones políticas como fuente para camuflar su dinero ilícito. ¿Cómo están operando?, una de las modalidades que verificaron, es la organización de rifas, a favor de líderes locales, con premios como electrodomésticos o automóviles, “lo cual no se justifica con el precio bajo del boleto”, dijo Verdesoto.
El consejero comentó que esta es una práctica para lavar dinero y que se estaría aplicando en territorio ecuatoriano. Otras pistas corroboradas es que habrían obras públicas financiadas con recursos privados, como la construcción de caminos o carreteras.
Esto llama la atención porque es una práctica de las mafias para granjearse la simpatía popular, a favor de una autoridad local o un personaje, que podría convertirse en una autoridad a través del proceso electoral y así legitimar la obra ejecutada.
El consejero dijo que elaboraron un informe que será puesto a consideración del pleno del organismo entre este lunes 28 y martes 29 de enero.. Por esto no quiso dar detalles de todo lo que encontraron, porque según dijo, estos hallazgos tendrán que verificarlo las entidades correspondientes como la Fiscalía.
El consejero acotó, que uno de los objetivos del informe es denunciar estos procesos ilícitos que se estarían iniciando, para erradicarlos e integrar a la población de manera que pueda también denunciar. No obstante, señaló que emprenderá una reforma que permita prevenir o detectar a tiempo estas prácticas, tomando en cuenta que el CNE garantiza la entrega de fondos a todos los partidos políticos.
Además del fondo partidario permanente, se asigna otro presupuesto adicional a las organizaciones políticas, calificadas como nacionales, según la votación obtenida.
El organismo electoral reparte equitativamente el presupuesto, además se encarga de la difusión de la campaña electoral, que de acuerdo con la ley, es un cálculo que depende del número de votantes de cada circunscripción.
Pero no existe un sistema jurídico que permita a las autoridades verificar los ingresos que reciben los partidos, por aporte de los militantes y de segmentos privados. En este punto hay que diferenciar entre los tipos de financiamiento legal que reciben las organizaciones políticas, para entender el tipo de fiscalización que se debe ejecutar y qué organismo estatal es el competente.
La legislación prevé el fondo partidario permanente, con finalidades específicas y que se entrega solo a las organizaciones políticas con ámbito de acción nacional. Este fondo proviene del presupuesto del Estado y de las multas que recauda el CNE y que por ley se destina a capacitación, formación y publicaciones de los partidos, según establece el artículo 355 del Código de la Democracia.
La campaña electoral, como mecanismo de control del origen de fondos creó la figura del Fondo de Promoción Electoral, “es aquí donde puede surgir el denominado aporte ilícito”, aseguró Esteban Ron Castro, máster en Democracia y Gobierno.
Por eso el CNE debe necesariamente realizar un examen a las cuentas de campaña a través de una dirección especializada. Para esto, cada uno de los aportes que se hagan, deberían tener un registro específico en la organización política y de la misma manera la cláusula de juramento de la licitud de los fondos, como parte de la liberación de responsabilidad.
El experto dijo que el CNE debe también crear una cultura de capacitación con actualizaciones periódicas obligatorias a todas las organizaciones políticas. De esta manera el organismo electoral transparentará el manejo de recursos públicos y privados, en los reportes que realizan después de cada campaña.
Por el lado técnico, el personal del CNE, de igual forma, debe ser capacitado y especializado en esta materia, “para que los exámenes que se realizan cumplan parámetros de exigencia y transparencia, sin embargo en la actualidad el organismo carece de técnicos para este control”, manifestó Ron.
El analista opinó que el CNE es un organismo multidisciplinario que necesita de la tecnología y un marco legal moderno con esquemas que faciliten el escrutinio público, respecto de la legalidad de los fondos que manejan.
La información que se provea debe estar en tiempo real, por ejemplo en cuanto al monitoreo de la precampaña y campaña. Asimismo, Ron considera que los reportes del fondo de promoción deberán mantener indicadores de disponibilidad y número de pautas y obviamente un sistema de alertas respecto de una fiscalización de los límites de gasto con actualizaciones diarias.
Diego Zambrano Álvarez, profesor de Derecho Político dijo que el CNE es la institución que debe garantizar el origen lícito de los aportes privados recibidos y el destino que se dé a estos recursos; sin perjuicio de la intervención de la Contraloría. “Corresponde al CNE fiscalizar, controlar, sancionar y denunciar la existencia de aportes ilícitos y manejos irresponsables o dolosos de los fondos públicos y privados”, puntualizó.
