La Contraloría General del Estado emitió dos informes con indicios de responsabilidad penal relacionados a las compras de insumos para enfrentar la pandemia, contratos realizados por la Empresa Metropolitana de Agua de Quito (Epmaps).
En uno de los contratos se pagó se pagó $ 652.124 por el servicio de desinfección de instalaciones de la empresa municipal, pagando un en exceso $ 0,59 por metro cuadrado, cuya diferencia no ha sido justificada.
A pesar de que la empresa contaba en su stock con productos químicos para desinfección, como hipoclorito de sodio, recurrieron a la contratación del servicio y la provisión del químico PTDO2 para realizar dichas tareas, la compra de este producto tampoco pudo ser justificada.
El segundo contrato tiene que ver con la adquisición de insumos de bioseguridad por parte de la Epmaps, en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19.
“La diferencia entre el costo total del contrato y el estudio de mercado efectuado por auditoría es de $ 73.544”, se concluyó en el informe presentado por la Contraloría.
Por la adquisición de insumos de bioseguridad, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos contra cinco funcionarios de la Epmaps, por su presunta participación en el delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya sanción es de diez a trece años de privación de la libertad.
La Fiscalía solicitó al Juez que dictara prisión preventiva en contra de tres de los cinco procesados, por su participación directa en el contrato para comprar insumos de bioseguridad, con presunto sobreprecio:
- Guido A., gerente general de la empresa municipal;
- Óscar M., administrador del contrato de emergencia;
- y, Astrid A., del departamento de Salud Ocupacional y generadora de la necesidad de dicho contrato;
Por otra lado para los otros dos procesados: Juan A. y Adrián A. se solicitó medidas sustitutivas ya que las investigaciones preliminares no los señalan como responsables directos del caso investigado.