La Contraloría General de Ecuador confirmó este viernes la responsabilidad culposa de Jorge Glas, actual vicepresidente de la República, en la adjudicación del contrato de explotación petrolera del bloque Singue, en la Amazonía, cuando era ministro coordinador de Sectores Estratégicos, y además estableció observaciones de destitución.
El contralor Pablo Celi indicó que esta confirmación se da una vez concluidos los plazos legales para la presentación de pruebas de descargo a la presunción de responsabilidades administrativas y civiles encontradas en torno al caso.
“Se ha revisado todas las documentaciones que han presentado todas las personas (implicadas) en el caso del campo Singe y se procedió a confirmar la determinación de las responsabilidades civiles y administrativas”, indicó Celi.
Entre esas personas figura el presidente Jorge Glas sobre cuyo cargo dijo Celi “existe una observación que tiene como conclusión una sanción de destitución”.
La decisión se fundamenta en las conclusiones del informe DASE-0045-2017, emitido por la Contraloría, en que se hallaron varias revelaciones en el proceso contractual de prestación de servicios para la explotación petrolera del bloque, suscrito entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC, integrado por las empresas Dygoil y Gente Oil Ecuador, reportó el rotativo El Telégrafo.
La Contraloría General del Estado notificó al vicepresidente Jorge G. sobre su destitución predeterminada mediante un documento enviado este viernes a la cárcel 4, en Quito, donde cumple prisión preventiva desde el 2 de octubre, tras ser vinculado en la investigación del caso de corrupción Odebrecht por el presunto delito de asociación ilícita.
Por su parte, Eduardo Franco Loor, abogado defensor, calificó de «arbitrario e incoherente» la resolución de la Contraloría destituye al “Ministro de Sectores Estratégicos” Ing. Jorge Glas. «absurdo», apuntó.
«Jorge Glas es Vicepresidente por mandato popular y Contraloria no tiene facultades constitucionales para destituir al Vicepresidente», indicó en Twitter.
Además, consideró que la resolución de la Contraloría «es una burla al Estado de Derecho. Resquebraja el sistema republicano».Andes