La convención nacional que fue convocada por la facción correísta de Alianza País (AP) -para este domingo, 3 de diciembre, en la provincia de Esmeraldas- se quedó sin un sustento legal. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) tenía previsto resolver la situación de la directiva del movimiento, la mañana de ayer. Sin embargo, la sesión no llegó a instalarse.
Los jueces penales Esneider Ramiro Gómez Romero, Wilson Rodrigo Caiza Reinoso y Juan Tenesaca Atupaña recusaron al juez electoral y titular del Tribunal, Patricio Baca. Él debía analizar las medidas cautelares dictadas por el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe, conformado por los jueces que lo recusaron.
Esas medidas a favor del presidente de Alianza País, Lenín Moreno, impidieron que se inscriba a la directiva cercana al expresidente en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Ellos esperaban que en esa cita, Baca fallara a su favor y se abriera una puerta jurídica para que ellos fueran reconocidos.
De esta manera, la convocatoria hecha por Ricardo Patiño y Gabriela Rivadeneira, para la convención en Esmeraldas, hubiera sido oficial y las decisiones en ese encuentro también se hubieran vuelto de cumplimiento obligatorio en AP. El expresidente Rafael Correa advirtió antes de llegar a Ecuador que entre los temas a tratarse en ese encuentro constaba la expulsión de los ‘traidores’, incluido Lenín Moreno. Pero ayer (29 de noviembre) se les adelantaron con la recusación.
Según el Código Orgánico General de Procesos Penales (Cogep), en su artículo 22, hay 12 causales para solicitar la recusación de un juez. Entre ellas; “que sea parte del proceso, haber conocido o fallado en otra instancia y en el mismo proceso la cuestión que se ventila u otra conexa a ella”. También, “retardar de manera injustificada el despacho de los asuntos sometidos a su competencia; haber manifestado opinión o consejo que sea demostrable, sobre el proceso que llega a su conocimiento; tener con alguna de las partes o sus defensores alguna obligación pendiente o amistad íntima o enemistad manifiesta”.
Ahora, el TCE deberá sortear un nuevo juez para que lleve la causa. Los otros cuatro magistrados del Tribunal son Mónica Rodríguez, Arturo Cabrera, Vicente Cárdenas y Miguel Ángel Pérez. La denuncia por la que se inició el proceso fue planteada por Gabriela Rivadeneira, como miembro de Alianza País, en contra de los jueces penales por una presunta arrogación de funciones en materia electoral.
Esto por haber dictado las medidas cautelares que impidieron la inscripción de una nueva directiva nacional de Alianza País, que cuenta con Ricardo Patiño como presidente nacional y Rivadeneira como segunda vicepresidenta.
En el mismo sentido, los jueces dieron de baja todas las decisiones tomadas en la reunión de la facción correísta del oficialismo, en su directiva del 31 de octubre, donde retiraron a Moreno del cargo de presidente nacional de la agrupación. Y luego trataron de cesar a Mery Verduga, del Comité de Ética.
Todo se dio mientras el presidente vitalicio de AP, Rafael Correa, está en el país recorriendo las provincias para convocar a la convención. El exmandatario pidió disculpas a la ciudadanía por la “imagen que está dando Alianza País”, ayer. Dijo que hay una “contrarrevolución en marcha” que es necesario enfrentar. El Comercio