Gremios de maestros cuestionaron la decisión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional de aprobar el retorno a las clases presenciales desde el próximo lunes 22 de noviembre e hicieron pedidos para ese regreso.
Para la Red de Maestros, es un “acto de irresponsabilidad u omisión” del COE nacional y de la ministra de Educación, María Brown Pérez, al disponer el retorno a clases presenciales sin antes solucionar o al menos paliar las graves deficiencias del sector educativo.
“Fundamentalmente se trata de preservar a los estudiantes frente al riesgo del contagio, pero el problema es mucho mayor luego de casi dos años de abandono de los centros educativos. No se cuenta con insumos básicos de protección, falta personal docente, de servicio y guardianía, hay exceso de estudiantes por aula”, dijo Nelly Miño, subcoordinadora del gremio.
Agregó que las condiciones de los padres de familia son extremadamente difíciles como para esperar que ellos cubran las necesidades mencionadas.
En tanto que la Unión Nacional de Educadores (UNE) pidió garantizar los recursos económicos que establece la Constitución, así como que los estudiantes cuenten con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.
La UNE pidió además la entrega de equipos de bioseguridad para los docentes y la dotación de mascarillas para los alumnos, además del no retorno de profesores ni de personal administrativo y de apoyo que se encuentren en estado de vulnerabilidad.
Planteó adicionalmente garantizar desde el Gobierno los servicios básicos como agua, luz e internet gratuitos.
Presupuesto de $650 millones.
Con respecto a lo que se exigirá para la vuelta a las aulas es que las unidades educativas sean seguras y que las condiciones de la infraestructura no pongan en riesgo la integridad física ni la salud de los alumnos, indicó la ministra de Educación, María Brown Pérez, en una entrevista radial.
La funcionaria sostuvo que hay aproximadamente 30 instituciones educativas a nivel nacional que no presentan condiciones mínimas para aplicar medidas de bioseguridad.
Esa cartera de Estado identificará predios alternos en los cuales se reasignará a los estudiantes mientras se realiza la intervención de la infraestructura.