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miércoles, 20 noviembre, 2024

Presidente de Ecuador ordena actualización de manuales sobre uso de fuerza letal

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha emitido un decreto que otorga un plazo de cinco días a la Policía y las Fuerzas Armadas para actualizar o elaborar manuales operativos sobre el uso legítimo de la fuerza, especialmente en lo que respecta a la utilización de armas de fuego con munición letal.

Esta medida, anunciada el domingo, busca garantizar que las fuerzas del orden cuenten con directrices claras para el uso de la fuerza en situaciones de peligro inminente.

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El decreto presidencial estipula que los manuales deben detallar el uso de armas de fuego en defensa propia o de terceros, así como en la prevención de delitos que impliquen riesgo de muerte o lesiones graves.

También se abordan los procedimientos para enfrentar a individuos que representen una amenaza significativa y que opongan resistencia, así como en casos de fuga de personas peligrosas.

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Esta directriz forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para modernizar las tácticas operativas de las fuerzas de seguridad frente a las amenazas emergentes de grupos terroristas y bandas criminales, que han adoptado nuevas tácticas de intimidación.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia ha subrayado que la medida es una respuesta a la creciente ola de violencia que ha llevado a Ecuador a ser el país con más homicidios per cápita en 2023, con una tasa de 47,2 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

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Desde enero, el presidente Noboa ha elevado la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», catalogando a las bandas criminales como grupos terroristas.

Esta clasificación busca proporcionar a las fuerzas del orden herramientas legales y operativas más robustas para enfrentar la crisis de violencia que afecta al país.

La actualización de los manuales operativos se considera un paso crucial para asegurar que las intervenciones de las fuerzas de seguridad sean efectivas y proporcionales, en consonancia con los estándares legales y de derechos humanos.

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