El Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Economía, tiene un plazo de 15 días para que consigne recursos a favor del Consejo de la Judicatura.
Una sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva.
Y conminó al Gobierno de Ecuador a que como medida de reparación integral, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, en 15 días de notificada la sentencia, consigne a favor de la Función Judicial la parte del presupuesto.
Y rechazó los recursos de apelación planteados por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Defensoría del Pueblo.
Se conoció que las apelaciones en la Acción de Protección presentada por Wilman Terán, la meta del desembolso es que “no continúen los daños” en el sistema de justicia.
Acción de Protección
Terán planteó que la Presidencia de la República disponga a Finanzas que consigne el valor de USD 265.650.998,80, que es el déficit del gasto corriente del ejercicio fiscal 2023.
La omisión en la asignación adecuada de recursos mantiene a niños, niñas y adolescentes sin recibir oportunamente la determinación de sus pensiones alimenticias.
Las y los trabajadores esperan años para acceder a sus prestaciones adquiridas.
Existen partidas de jueces y juezas que no han sido fondeadas. Hay problemas en la infraestructura judicial y jueces han fallecido sin recibir sus jubilaciones.
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La decisión marca un hito histórico en la defensa de los derechos ciudadanos, la garantía en el acceso a los servicios de justicia y en la consolidación del sistema judicial.
Los recursos servirán para mantenimento, arreglos, compra de suministros, servicios, contratos de profesionales para mejorar la atención en la Judicatura.