El lunes 30 de septiembre de 2019 se presentó formalmente a la Asamblea Nacional una propuesta de reformas ambientales para prevenir los delitos ambientales, que llegó de Puerto Ayora a fin de aplicarse en sanciones ambientales administrativas en zonas protegidas, que se esperan poner en práctica pronto especialmente en Galápagos.
El deber del estado ecuatoriano es precautelar su flora y fauna. El compromiso debe ser integral para su conservación.
Para que las medidas cautelares en procedimientos administrativos sancionatorios sean eficaces deben aplicarse mediante delegación. La funcionalidad institucional a fin de precautelar los intereses y primordialmente los derechos de los ciudadanos es un deber del Estado Ecuatoriano.
La administrativista, Gabriela Obando, expuso el pasado miércoles 18 de septiembre, ante la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, sus observaciones sobre esta problemática en las zonas protegidas, esperando que las medidas en contra del cambio climático sean implementadas por el legislativo y las acciones ambientales sean aplicadas concretamente en pro de la conservación del planeta.