El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) rindió versión este miércoles por videoconferencia por el caso en investigación por la adjudicación del campo petrolero ‘Singue’, ubicado en la Amazonía ecuatoriana.
“Acabo de rendir mi declaración sobre el caso “Campo Singue”, ¡la 3ra. en seis semanas!”, escribió Correa en su cuenta en Twitter desde Bélgica, donde reside con su familia tras entregar la Presidencia en mayo de 2017.
En esta jornada, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia y ahora abogado del exjefe de Estado, estuvo presente en la Fiscalía General en Quito, para hacer parte de la versión que rindió el exmandatario, reportó el diario público El Telégrafo.
De acuerdo con la fuente, la fiscal Ximena Mena tomó la versión libre y voluntaria a Rafael Correa, pero la diligencia fue reservada y contó con la participación de representantes de la Procuraduría y Contraloría del Estado.
Según la Contraloría General del Estado (CGE), en la entrega de dicho campo al consorcio DCG se cometieron irregularidades, contenidas en el informe con indicios de responsabilidad penal, elaborado en agosto de 2017 y en el cual se hizo un proceso contractual de prestación de servicios para la explotación petrolera, suscrito entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC, que está integrado por las empresas Dygoil y Gente Oil Ecuador.
Dicho documento de la CGE señala que la tarifa de 33,5 dólares por barril (a favor del consorcio) fue establecida sin sustento técnico ni legal.
El contralor subrogante, Pablo Celi, pidió a la Fiscalía General del Estado incluir al exmandatario Correa en las investigaciones con el argumento de que conocía sobre el tema, lo cual este niega.
En oficios remitidos desde el despacho Presidencial, en 2011, se señala que el caso no fue conocido por el expresidente, pues delegó solucionar el tema al entonces ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, y al expresidente de la empresa Petroecuador, Marco Calvopiña.
En marzo último, el exasambleísta César Montúfar presentó la denuncia contra el expresidente por este caso, e hizo otras acusaciones recogidas por la prensa local contra varias autoridades, por el presunto delito de delincuencia organizada.
Mientras, en octubre de 2017 el Contralor subrogante confirmó la responsabilidad administrativa culposa por las irregularidades en el proceso de adjudicación del campo petrolero en cuestión.
Según trascendidos, alrededor de 30 personas estarían involucradas en un perjuicio para el Estado, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas, quien fue señalado como participante en las negociaciones desde su cargo de ministro coordinador de Sectores Estratégicos.
En tanto, esta semana, la vicepresidenta de la empresa Gente Oil, Silvana Pastor, dijo al canal nacional Ecuavisa, que según datos y cifras oficiales y auditadas, este contrato le ha dejado al país en los últimos cinco años beneficios por 437 millones de dólares.
“No solamente le ha dejado ingresos brutos por 286 millones de dólares; adicionalmente ha entregado beneficios en tributos y en tazas por 29 millones de dólares, sino que adicionalmente (…) este contrato tiene 122 millones de inversiones 100% a riesgo de la contratista”, señaló al recordar que en este el Estado ecuatoriano no pone un recurso.
Silvana Pástor, hija del entonces ministro de Recursos No Renovables que firmó el contrato en 2012, precisó que los beneficios al Estado son del 86%, mientras a la contratista son del 13%. Mencionó, además, que la compañía ha recibido 153 millones por la facturación de la producción, ha invertido 120 millones de dólares y adicionalmente ha entregado a empresas locales ecuatorianas 90 millones en contratos.
“Hoy por hoy el flujo de caja de la compañía es negativo, financiado por el inversionista”, apuntó.
Andes.