El presidente Guillermo Lasso anunció que desde este lunes 15 de noviembre asumirá personalmente la coordinación nacional de las fuerzas del orden para que la seguridad ciudadana se convierta en la prioridad del despacho presidencial.
Mediante una cadena nacional, el Jefe de Estado manifestó que el principal objetivo será restablecer el orden en el sistema penitenciario y combatir al crimen organizado. Por ello el Ministerio de Gobierno elaborará un proyecto de ley que tiene como fin reestructurar el sistema de rehabilitación social del país.
“Aprobaremos las normas para el uso progresivo de la fuerza”, declaró. Otro de los puntos más destacables del nuevo cuerpo legal será que se tipificará el delito de autoría por dominio de organización, en el que se procesará a los jefes de las bandas por los delitos que ordenen cometer a sus secuaces.
Los jefes de las mafias no podrán seguir eludiendo sus responsabilidades penales”, acotó. Sin embargo, también está previsto que miembros de la sociedad civil participen en un proceso de mediación al interior de la Penitenciaría del Litoral para buscar la paz entre las bandas, pero sin que eso implique negociar o ceder por intermedio del Estado.
El Primer Mandatario agregó que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, Colombia, Israel, Reino Unido y España para luchar contra los carteles de droga que operan en el Ecuador. También se refirió a la emisión de nuevos estados de excepción, “cuantas veces sean necesarios”, y los cambios en las autoridades de la fuerza pública.
Responsabilidades pasadas
Para el actual Gobierno, la crisis penitenciaria y el incremento del narcotráfico es una problemática que no surgió de la noche a la mañana y que responde a “muchos años de descuido y abandono”. Aunque el Presidente aclaró que esto no debe convertirse en un tema político, sí mencionó que es la consecuencia de la politización y corrupción de la seguridad ciudadana.
“Entregaron deliberadamente territorios a bandas delictivas para que operaran de manera impune”, declaró. En su opinión, en el Ecuador se creó un entorno permisivo para el crimen, que evolucionó de delincuencia común a carteles de droga.
El Mandatario responsabilizó a las administraciones pasadas, que “minaron” al Estado para acumular poder y dinero, lo que desencadenó en que los carteles se adueñaran de calles y cárceles.