En el Ministerio de Salud se encontró más comunicadores que en la Secretaría de Comunicación (Secom) y más abogados que en la Procuraduría General del Estado, advirtió el secretario general de la Presidencia, José Agusto Briones, al explicar ante el pleno de la Asamblea Nacional el acuerdo interministerial que busca eliminar la duplicidad de funciones en las entidades públicas.
Briones pidió ser recibido en el pleno en el marco de una resolución planteada por el legislador Rubén Bustamante (AP), sobre pedir explicaciones al Ejecutivo sobre la eliminación de direcciones zonales que se aplica desde hace varios meses para optimizar el tamaño del Estado.
Seis pasos para optimización institucional
El funcionario aclaró que no se están suprimiendo distritos y zonales, lo que se hace es optimizar jerárquicos superiores que no están cumpliendo funciones, y sostuvo que el costo anual de cada jerárquico superior innececesario representa 700 beneficiarios adicionales del bono de desarrollo humano.
“Lo que estamos haciendo es analizando prestadores de servicios y no estamos suprimiendo maestros, médicos, docentes y policías, sino que se está haciendo un análisis de la estructura administrativa del gobierno y donde exista duplicidad de funciones tenemos que poner la solución”, insistió.
Briones enfatizó que con esta medida no habrá un costo social, porque se protegerá el servicio público de salud y educación. Será un proceso que implicará un mes para poder corregir la normativa vigente y 120 días para analizar caso por caso, y eliminar las duplicidades; porque el objetivo, añadió el funcionario, es mejorar el servicio a la ciudadanía.
Ante el pleno de la Asamblea dijo que en las primeras acciones en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones se suprimió 52 gerencias funcionales; 22 gerencias provinciales; y solo quedaron 7 gerencias regionales. En Senplades se suprimió 8 de 15 subsecretarías; y, que en el Ministerio de Salud se encontró más comunicadores que en la Secom, y más abogados que en la Procuraduría, dijo.
Reiteró que se realizará un análisis en territorio para que vea la ciudadanía qué está sucediendo, porque se quiere optimizar servicios, garantizar prestaciones y que el Estado llegue donde debe llegar.
Esta explicación no convenció al pleno de la Asamblea, que resolvió pedir a la Comisión de Régimen Económico realice un seguimiento de este tema, y que solicite la comparecencia de Sandra Argoti, delegada de Briones, para que informe sobre los criterios de planificación y ejecución de todas las medidas que se analizan para la implementación de directrices y política para fortalecer el proceso de optimización del Estado y de planificación nacional.
Los legisladores en el debate expresaron preocupación y reiteraron que en las medidas a implementarse en el proceso de optimización se garanticen los derechos laborales, y que no se afecte la prestación de servicios a los sectores sociales.
Pabel Muñoz (RC) advirtió que en la iniciativa del Ejecutivo hay peligrosidad, porque será el regreso del centralismo. En tanto, Ximena Peña (AP) dijo que el plan es apostar la eficiencia y que en 120 días se conocerá la propuesta.
Fernando Callejas (CREO) manifestó que apoya la vigilancia del proceso de optimización de servicios y la eliminación de la duplicidad de funciones, porque a su criterio ese abultado aparato burocrático es una herencia del correísmo, porque de 14 ministerios se pasó a 35 en los últimos diez años. Cuestionó que se destine $3 mil millones para bienes y servicios de consumo, esto es gastos en teléfonos, viajes, consultorías, en pasajes, etc. (I)