En 72 horas, el procesado Javier Vicente L. V., exjuez de Garantías Penales y Penitenciarias con jurisdicción en Manabí, deberá justificar su inasistencia a la reinstalación de la audiencia de juzgamiento del denominado caso “El Rodeo”.
Su abogado, el defensor público Ramón Cando García, explicó que hasta el domingo 06 de julio conversó con su patrocinado, quien le informó que estaba delicado de salud; sin embargo, no presentó un certificado médico, no contestó el celular, ni está en su casa.
La jueza ponente de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial Manabí, María Paola Miranda, anunció que notificará la nueva fecha para la reinstalación de la audiencia.
Al respecto, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, solicitó que la audiencia se realice de forma telemática, conforme al artículo 565 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con el protocolo de audiencias telemáticas emitido por la Corte Nacional de Justicia y la Resolución 074-2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura del 3 de julio de 2020. Además, pidió la prisión preventiva del procesado por no justificar documentalmente su ausencia. Sin embargo, el pedido motivado de Fiscalía no fue acogido por la Jueza.
Hechos
La Institución procesa a ocho personas –siete funcionarios públicos y un abogado en libre ejercicio–, como presuntos autores y coautor de los delitos de asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones.
La diligencia debía desarrollarse de forma presencial en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía Nacional, este lunes 6 de julio de 2020, a partir de las 08:30.
Estaba prevista la presentación de aproximadamente veintiocho testigos de la Fiscalía, entre peritos de Criminalística de la Policía Nacional, expertos de la Unidad de Análisis Financiero, del Servicio de Rentas Internas, entre otros.
El juicio del caso “El Rodeo” se inició el pasado 16 de marzo y se suspendió el 17, debido al Decreto Ejecutivo 1017 que declaró el “estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional”, a causa de la pandemia de Covid-19.
En esos dos días, Fiscalía exhibió doce testigos que dieron cuenta de que la presunta red de corrupción de funcionarios públicos habría solicitado dinero y botellas de licor para tramitar las garantías penitencias de las personas privadas de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social (CRE) “El Rodeo” y en el de Bahía de Caráquez, ambos en Manabí.
De los ocho procesados por estos hechos, cuatro son servidores administrativos y de asesoría jurídica del SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores) del CRS “El Rodeo”, tres son jueces de Garantías Penales y Penitenciarias con jurisdicción en Portoviejo-Manabí, y el octavo es un abogado en libre ejercicio.