La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra el exdirector general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Miguel Ángel Loja Llanos, y seis personas más, por su presunta participación en el delito de asociación ilícita, por un aparente sobreprecio en la contratación de insumos médicos por parte de esa institución, en el contexto de la emergencia sanitaria decretada en el país.
Al finalizar la audiencia de formulación de cargos, la jueza de Garantías Penales –tras haber analizado los arraigos presentados por las defensas de los procesados– dictó medidas cautelares, como la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad y la prohibición de salida del país, a Miguel Ángel L., María A., Carolina C., María B., Rosa A., Juan M. y Abraham B.,
Esto, pese a que Fiscalía solicitó prisión preventiva, especialmente para Miguel Ángel L., debido a que no se ha presentado a dar su versión, ni ha colaborado en las investigaciones.
Entre los principales elementos de convicción presentados por Fiscalía para sustentar la acusación se incluyen: la orden de compras, suscrita por el exdirector del IESS al inicio de la pandemia, por un valor de
10,2 millones de dólares, acción que no era parte de sus atribuciones, ya que el exfuncionario solamente tenía permitido firmar contratos de hasta siete millones.
Además, existirían inconsistencias en el proceso de contratación. Por ejemplo, no se contó con un estudio de mercado para determinar la oferta más favorable para esa institución.
Asimismo, se presentó un informe de triangulación de llamadas telefónicas en el que se evidenció una conexión entre los procesados para beneficiar a la empresa a la que se adjudicó el contrato.
La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.